El proyecto ST Palmosilla, con 200 MW de potencia y una inversión superior a los 100 millones, recibe el visto bueno estatal mientras continúan las críticas por su ubicación en el Valle de la Luz por su proximidad a vecinos y al ámbito de los parques naturales entre los que se pretende enclavar.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido la autorización administrativa previa al proyecto de almacenamiento energético ST Palmosilla, una gran instalación de baterías que se ubicará en el término municipal de Tarifa y que, con una potencia instalada de 200 megavatios, figura entre los mayores desarrollos independientes de almacenamiento energético proyectados actualmente en España.
La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone un importante avance para una iniciativa que prevé una capacidad de almacenamiento de 885 megavatios hora mediante tecnología de ion-litio, permitiendo almacenar energía procedente de fuentes renovables y liberarla posteriormente a la red eléctrica en momentos de mayor demanda o menor producción eólica y solar.
El proyecto fue promovido inicialmente por la empresa andaluza Rolwind Renovables y ha sido adquirido recientemente por la multinacional energética Engie dentro de una operación que incluye otra instalación similar en la provincia de Málaga. Según datos aportados por las compañías, la planta tarifeña supondrá una inversión superior a los 100 millones de euros y podría entrar en funcionamiento durante 2028, una vez completados los trámites pendientes y la fase de construcción.
La infraestructura contempla además la ejecución de líneas eléctricas subterráneas, nuevas subestaciones y su conexión con la red de transporte de Red Eléctrica a través del nudo de Puerto de la Cruz. Asimismo, incorporará condensadores síncronos destinados a reforzar la estabilidad del sistema eléctrico en un contexto de creciente penetración de energías renovables.
La autorización estatal llega, sin embargo, en medio de una fuerte contestación social y ambiental que se ha intensificado durante el último año en Tarifa.
Diversos colectivos vecinales, asociaciones ecologistas y organizaciones políticas han cuestionado la ubicación elegida para la planta, prevista en el entorno del Valle de la Luz, una zona de elevado valor paisajístico y ambiental situada junto al Parque Natural de Los Alcornocales.
La Asociación de Vecinos Caheruelas, Puertollano y Longanillas solicitó recientemente al Ayuntamiento de Tarifa que promoviera un cambio de ubicación del proyecto, argumentando que la instalación se encuentra demasiado próxima a viviendas dispersas y a un espacio natural especialmente sensible. Los residentes reclamaron el amparo de la administración local y lamentaron la falta de atención municipal a unas demandas que consideran “lógicas y legítimas”.
También AGADEN-Ecologistas en Acción ha mantenido una oposición frontal a la iniciativa. La organización llegó a reclamar el archivo definitivo del expediente tras conocerse la existencia de informes desfavorables durante la tramitación urbanística y ha advertido reiteradamente de los riesgos asociados a la implantación de una instalación industrial de estas características en las proximidades del Parque Natural de Los Alcornocales. Asimismo, el colectivo incluyó recientemente al Ayuntamiento de Tarifa entre sus candidaturas a los Premios Atila por lo que considera una insuficiente oposición municipal al proyecto, al entender que supondría “la industrialización irreversible” del Valle de la Luz.
Por su parte, VERDES DE EUROPA-Tarifa solicitó al Ministerio la paralización del procedimiento al considerar que determinados aspectos de la tramitación podrían entrar en contradicción con la normativa europea sobre evaluación ambiental y participación pública. El colectivo llegó a pedir igualmente que se revisara la financiación asociada al proyecto al estar vinculado a programas de apoyo a la transición energética.
Frente a estas críticas, el Ministerio sostiene en su resolución que el proyecto ha superado los procedimientos de evaluación ambiental y los informes sectoriales exigidos por la normativa vigente. El expediente concluye que no se prevén impactos ambientales significativos siempre que se cumplan las medidas correctoras, compensatorias y de protección de la biodiversidad establecidas.
La autorización administrativa previa no supone aún el inicio inmediato de las obras. Los promotores deberán obtener todavía la autorización administrativa de construcción antes de poder comenzar los trabajos sobre el terreno.
La decisión del Gobierno pone de manifiesto el difícil equilibrio entre el desarrollo de nuevas infraestructuras para la transición energética y la conservación de algunos de los espacios naturales y paisajísticos más emblemáticos del municipio.