El colectivo sostiene que la tramitación contradice una sentencia europea y denuncia trabas al acceso a la justicia ambiental.
El grupo político VERDES DE EUROPA-Tarifa ha solicitado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica la paralización del proyecto de planta de almacenamiento energético “S.T. Palmosilla”, promovido por Rolwind Renovables en el entorno del Valle de la Luz, al considerar que su tramitación “contradice la última sentencia del Tribunal Europeo de 2023”.
La formación argumenta que la resolución administrativa de 2024 que abrió la vía a este proyecto se sustenta en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, cuyos artículos 41.4 y 47.5 —según sostienen— impiden recurrir judicialmente el Informe de Impacto Ambiental. A su juicio, esta situación deriva de una “mala transposición” de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución.
Desde VERDES DE EUROPA-Tarifa recuerdan que el 24 de mayo de 2025 presentaron un Recurso de Revisión de Oficio ante el Ministerio en relación con este proyecto. Según indican, dicho recurso fue derivado al Ministerio de Justicia, donde —afirman— ya existen otros dos recursos abiertos desde febrero de 2025 contra los PGOU de Tarifa y Barbate que aún no han recibido respuesta, pese a haber superado ampliamente los plazos administrativos.
El Ministerio para la Transición Ecológica, añaden, respondió a ese recurso señalando la imposibilidad de resolverlo amparándose en los citados artículos de la Ley 21/2013. Ante ello, el colectivo ha presentado un nuevo escrito solicitando expresamente la paralización del proyecto.
Asimismo, al encontrarse esta iniciativa vinculada provisionalmente a fondos europeos gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), solicitan que se informe a este organismo para la posible cancelación de la ayuda pública. “Es la ciudadanía, a través de fondos públicos, la que asume el coste, siendo injusto e irresponsable”, señalan.
La portavoz del grupo político fuera del Ayuntamiento de Tarifa, Rosmarie Hennecke, afirma que: “el Convenio de Aarhus, de 1998 ha sido truncado en todas sus vertientes y con alevosía continuada. Falta de información, falta de participación pública, falta de acceso a la justicia. Sin embargo, para pagar, sí se nos tiene muy en cuenta, allí sí nos permiten participar. Participar en daños ambientales y en multas millonarias que debemos pagar sin chistar. Es alucinante escuchar a uno que otro político decir, si no está de acuerdo y como estamos en democracia, vaya a los Juzgados, cuando son justamente las administraciones y los políticos que deben evitar que se llegue a los Juzgados por el interés público, porque esta administración judicial, también la pagamos nosotros. Pero, lamentablemente todavía abusan de poder y después, se quejarán ante actos de desobediencia producidos por la ejemplar desobediencia primera a las leyes que ellos mismos implantaron”.
Desde la formación concluyen que, en su opinión, el principio de precaución ambiental se está “convirtiendo en una burla” y advierten del riesgo de que Tarifa pueda verse sometida a una acumulación de proyectos de carácter industrial que, a su juicio, no encajan con las directivas europeas de protección ambiental.