El Ayuntamiento abre la puerta a la colaboración público-privada mediante las EUCA para acelerar la revisión de licencias y declaraciones responsables y aliviar el atasco de expedientes.
Reunión con empresarios y el gobierno local el pasado junio donde el alcalde adquirió el compromiso de llevar a ordenanzas municipales la colaboración público-privada/S.Terán
Lo que hace apenas unos meses era una de las principales demandas planteadas por el sector empresarial (sobre todo el urbanístico) el de Tarifa empieza a convertirse en una realidad administrativa. El Ayuntamiento ha dado forma a la nueva Ordenanza Municipal reguladora de la colaboración público-privada en la intervención administrativa sobre la actividad de edificación, un instrumento con el que pretende incorporar a las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Andalucía (EUCA) a determinados procedimientos urbanísticos.
La iniciativa supone avanzar en uno de los compromisos trasladados por el alcalde, José Antonio Santos, durante la reunión mantenida el pasado 10 de junio con representantes de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (ASPRICA). Aquel encuentro estuvo marcado por la preocupación empresarial ante los retrasos acumulados en la Oficina Técnica Municipal y por la necesidad de encontrar fórmulas que permitieran recuperar capacidad de respuesta sin renunciar al control público de los expedientes.
La ordenanza, aprobada inicialmente por el Pleno municipal el pasado 30 de julio, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 28 de agosto, abriendo un periodo de información pública que permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre. Durante este plazo podrán formular alegaciones, reclamaciones o sugerencias ciudadanos, empresas, profesionales y entidades interesadas.
El nuevo texto pretende dotar a Tarifa de un marco específico para una fórmula de colaboración que hasta ahora no contaba con una regulación municipal propia. La finalidad es que determinadas comprobaciones técnicas y documentales puedan ser realizadas por entidades especializadas antes de que los expedientes lleguen a la fase de resolución municipal.
De la reunión de junio a una herramienta concreta
La relación entre la nueva ordenanza y la reunión del 10 de junio es directa. En aquel encuentro, los promotores trasladaron a la Alcaldía su preocupación por una situación que calificaron de bloqueo, ralentización y falta de previsibilidad en la tramitación urbanística. Entre las alternativas planteadas se encontraba precisamente la posibilidad de recurrir a las EUCA para asumir parte de la revisión técnica de los proyectos.
El Ayuntamiento se comprometió entonces a estudiar la incorporación de esta herramienta al funcionamiento municipal y a impulsar una normativa que hiciera posible su aplicación. Menos de dos meses después, el Pleno daba el primer paso formal con la aprobación inicial de la ordenanza.
De este modo, la colaboración entre Administración y sector privado que se planteó como una vía para afrontar el atasco urbanístico empieza ahora a quedar regulada mediante un procedimiento concreto. No se trata de trasladar la competencia municipal a empresas privadas, sino de incorporar una capa de verificación especializada que permita que los servicios municipales reciban expedientes previamente revisados.
La propia normativa andaluza contempla la participación de entidades colaboradoras para agilizar procedimientos administrativos mediante la comprobación y validación de documentación, sin que ello suponga eliminar las potestades propias de la Administración.
CVD y CTCU: dos instrumentos para revisar los expedientes
La ordenanza incorpora dos figuras principales: el Certificado de Verificación Documental (CVD) y el Certificado Técnico de Cumplimiento Urbanístico (CTCU).
El primero permitirá acreditar que la documentación aportada por el interesado reúne los requisitos necesarios para la tramitación del expediente. El segundo irá un paso más allá al incorporar la comprobación técnica y urbanística de la actuación, verificando su adecuación a la normativa aplicable.
Estas certificaciones están concebidas para que una parte del trabajo que actualmente recae sobre los servicios técnicos municipales pueda realizarse previamente por entidades habilitadas. El objetivo es que el Ayuntamiento pueda concentrar sus recursos en las funciones que son propias de la Administración y reducir los tiempos empleados en comprobaciones documentales y técnicas.
La regulación contempla la participación de colegios profesionales y entidades urbanísticas certificadoras, dentro de las condiciones establecidas para este sistema. La colaboración externa, por tanto, no elimina la responsabilidad municipal: la decisión administrativa y las potestades de control seguirán correspondiendo al Consistorio.
Una respuesta al atasco acumulado en Urbanismo
La nueva regulación llega en un momento especialmente delicado para el área de Urbanismo de Tarifa. Cuando se produjo la reunión de junio, el alcalde cifró en torno a 3.000 los procedimientos acumulados, con expedientes de distinta naturaleza que arrastraban demoras en algunos casos durante varios años. Entre ellos se encontraban licencias, declaraciones responsables, expedientes de disciplina urbanística, procedimientos de AFO y licencias de apertura.
El propio expediente municipal reconoce las dificultades existentes para atender con los medios actuales los plazos de tramitación. La nueva ordenanza se plantea así como una de las piezas de una estrategia más amplia para aumentar la capacidad de respuesta de la Administración local.
La externalización de determinadas comprobaciones tampoco fue la única medida planteada en la reunión con los empresarios. Sobre la mesa estuvieron igualmente el refuerzo temporal de la Oficina Técnica con arquitectos, especialistas jurídicos y personal de apoyo, la reorganización de los procedimientos, la diferenciación entre expedientes de obras menores y mayores, la creación de mecanismos de atención al ciudadano y la posibilidad de establecer vías específicas para proyectos considerados estratégicos.
En junio, además, el sector advirtió de las consecuencias económicas que estaban provocando los retrasos y no descartó recurrir a acciones de responsabilidad patrimonial si la situación persistía. La reunión concluyó, no obstante, con el compromiso de mantener abiertas las vías de diálogo y explorar conjuntamente soluciones para mejorar la gestión urbanística.
Una nueva relación entre Administración y sector privado
La futura ordenanza supone, en este contexto, algo más que la creación de un mecanismo técnico para tramitar licencias. Representa la formalización de un modelo de colaboración público-privada en el que determinados agentes externos pueden contribuir a mejorar la capacidad de revisión de los expedientes, mientras el Ayuntamiento conserva la dirección y el control administrativo.
Para los promotores, profesionales y particulares, la posibilidad de contar con una revisión previa pretende reducir incidencias, requerimientos posteriores y tiempos de espera. Para el Consistorio, supone disponer de apoyo especializado en un área que arrastra una importante acumulación de trabajo.
Las entidades que participen podrán prestar estos servicios a los particulares mediante las correspondientes tarifas. El expediente municipal deja claro que esas cantidades no tendrán la consideración de tasas ni de precios públicos municipales, al tratarse de la contraprestación por los servicios prestados por las entidades colaboradoras.
Con la apertura del periodo de información pública, la propuesta entra ahora en una nueva fase. Si supera este trámite y alcanza su aprobación definitiva, Tarifa dispondrá por primera vez de una regulación específica para articular esta colaboración en materia de edificación.
Menudos sinvergüenzas el alcalde y BENÍTEZ. Están compraos por los promotores. Ni un ladrillo más. No se cabe. Seguid matando a la gallina de los huevos de oro. Corruptos. Tarifa no se toca
Pues otro palito más a la burra para que termine cayendo. Esto no es más que abrir una vía VIP a los grandes demandantes de servicios municipales, aquellos que pueden pagar y posiblemente tengan grandes impedimentos legales para llevar a cabo sus proyectos, con esta herramienta se saltarán la legalidad, porque seguramente el técnico municipal que verifique y haga la propuesta final, será el de siempre, el comprado por los promotores que quieren construir sin haber agua, saneamiento, luz. Algún día volveremos a sufrir cortes de estos servicios por sobreexplotación sin mesura. Pero bueno, esto es lo que trae un equipo de gobierno entregado por completo al especulador. Ya veremos el camino que cogen esos pequeños expedientes del ciudadano de a pié, seguramente seguirán durmiendo en algún cajón que nunca se abre.
Este gobierno no lo hace para el ciudadano, lo hace para el especulador amigote, ejemplo, la P4, ese sector donde pudieron obtener viviendas sociales y no lo han hecho.
Yo me cago en la privatización de tarifa para los de afuera y en todos los que se estén llenando los bolsillos con esto que se sabe de sobra quienes son