Desde que Pedro Pacheco, el ínclito alcalde de Jerez, se hiciera famoso por aquella frase de “la justicia es un cachondeo”, cada vez se escuchan más valoraciones sobre las decisiones de la judicatura. Algunas de estas valoraciones sin ninguna base y otras con bastante peso, pues son hechas por propios magistrados. Vaya por delante que la profesión de juez, al igual que otras muchas, conlleva una gran carga de responsabilidad. Hoy en día, los extensos códigos de derecho y la profusión de normas legales suponen que la formación para el ejercicio de esta profesión sea muy intensa. A pesar de esta formación (como puede suceder con otros profesionales dedicados a la ingeniería, medicina, etcétera), el juez o jueza puede errar en el ejercicio de su función. No en balde, estamos acostumbrados a ver cómo en el organigrama de la justicia tribunales de ámbito superior corrigen alguna sentencia de otros tribunales.
Recientemente, los medios de comunicación nos han ofrecido cómo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el caso Alves ha generado múltiples opiniones de rechazo, aunque la que más han destacado dichos medios ha sido la de la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía María Jesús Montero.
Al mismo tiempo y a una latitud más al norte, en Francia se condenaba a Marine Le Pen (líder de un partido ultraderechista) a cinco años de inhabilitación por malversación. En este caso, desde el propio partido y desde la propia condenada se ha criticado la sentencia y ha hablado de una especie de conspiración para evitar su llegada al máximo poder de la República Francesa.
En el ámbito de lo local, también una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz absuelve al ex-alcalde popular Juan Andrés Gil de un delito de coacciones y otro de prevaricación por lo que fue denunciado hace años por el que hoy es primer teniente de alcalde y socio de gobierno de su partido.
Ello ha dado lugar a que el primer alcalde inhabilitado del Ayuntamiento de Tarifa salga a la opinión pública para defender su honorabilidad, haciendo bueno eso de “otro vendrá que bueno te hará”. Gil ha dado su punto de vista sobre lo acaecido y que, según él, todas las denuncias que el ex-policía y actual portavoz de Nuevos Aires le interpuso fueron “por haber puesto freno a los privilegios y malas prácticas de este policía en la Jefatura de la Policía Local”. El mismo Gil señala que él igualó “el complemento de productividad del denunciante con el del resto de policías con la misma antigüedad y turno, acabando con el cobro indebido” y que por ello “el odio y la persecución que padeció”. Además, describe que todos estos hechos fueron utilizados por el portavoz de Nuevos Aires para “crear una ficción en el que él era la víctima y que le ha posibilitado diez años de vivir sin trabajar y el plus de poderse dedicar a la política para manejar el Ayuntamiento”.
Estas declaraciones públicas de Juan Andrés Gil y el apoyo que ha recibido por parte del PP local (en redes sociales y diarios locales) son de una contundencia tal que, en cualquier otro escenario político donde la dignidad estuviese presente, sería más que motivo suficiente para que Nuevos Aires abandonara el pacto de gobierno con el PP. Aunque, por lo expresado por Gil, también el actual alcalde del PP podría romper toda relación con el portavoz de Nuevos Aires, ya que, según su compañero de partido, su socio de gobierno tuvo “malas actuaciones que eran su comportamiento habitual en su etapa de Policía y que, para desgracia de Tarifa, parece que sigue siendo la hoja de ruta en su rol actual de político populista”. Toda una sentencia.