La empresa promotora que se pretende desarrollar en el lugar, el ‘Grupo Q’ y el Consistorio señalan que la obra cuenta con los permisos y autorizaciones pertinentes y las máximas garantías de seguridad para retirar el fibrocemento.
Ante la creciente preocupación por el inicio de las obras de demolición en la zona de la antigua conservera La Tarifeña, el grupo AGADEN-Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento y a su alcalde la documentación relativa al proceso de demolición que se va a llevar a cabo.
Es que según denuncian los ecologistas, “numerosos vecinos de la zona nos han informado que muchos de los techos de las naves a demoler están compuestos por amianto, comúnmente conocido como uralita, estimando una superficie aproximada de 1,000 m² de este material en los tejados. Este dato es alarmante, dado que el amianto es un material altamente peligroso para la salud si no se maneja adecuadamente durante su retirada”.
Ante esta circunstancia AGADEN-EA ha remitido un escrito al Consistorio en el que recuerdan que corresponde a la administración local la cuádruple tarea de localizar, identificar, evaluar y retirar el amianto presente en su término municipal. Para ello es necesario la elaboración de un censo y calendario de carácter público.
Los ecologistas recuerdan al Ayuntamiento que “la legislación vigente sobre la gestión del amianto, subrayando la necesidad de seguir procedimientos estrictos para garantizar la seguridad de los trabajadores y la población local. La normativa española y europea sobre el tratamiento del amianto es clara y exigente. En España, el Real Decreto 396/2006, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, requiere que las empresas especializadas en la retirada de este material sigan protocolos estrictos para evitar la dispersión de fibras de amianto, que pueden causar enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma”.
Asimismo, el Reglamento (UE) 2016/1005 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el amianto establece medidas adicionales para proteger a los trabajadores y al medio ambiente. Por todo lo expuesto, AGADEN-EA solicita al Consistorio “claridad y transparencia en el proceso de desamiantado, e instamos a las autoridades a informar debidamente a la ciudadanía sobre cada etapa del proceso, garantizando que se respeten todas las medidas de seguridad para evitar cualquier riesgo de contaminación”.
Promotora y Ayuntamiento garantizan que se están llevando a cabo los trabajos conforme a la legislación vigente en materia de seguridad
Este diario ha contactado tanto con el Consistorio como con la empresa adjudicataria del inmueble, la promotora ‘Grupo Q’. Desde la administración local, a través del primer teniente de alcalde y edil responsable de la Seguridad Ciudadana, Jorge Benítez, indicó que ayer mismo una patrulla de la Policía Local estuvo en la obra solicitando la documentación y permisos pertinentes y en estos momentos la Oficina Técnica y los servicios jurídicos del Ayuntamientos la revisan para que estén acorde con la normativa y directrices marcadas en la retirada de este material altamente tóxico. De hecho, el propio primer teniente de alcalde, ha señalado que “personalmente estaré al tanto de que se cumpla con los preceptos de seguridad establecidos”, ha manifestado Jorge Benítez.
Por su parte, la empresa promotora, el ‘Grupo Q’ a través de un portavoz ha confirmado que la obra cuenta desde hace meses con las licencias y permisos oportunos y que se ha contratado a una empresa homologada y autorizada para llevar a cabo la retirada de los elementos de amianto de la cubierta de la que antiguamente fue una de las principales conserveras del municipio. Este diario ha sabido que la empresa contratada se trata de Demoliciones Dayta SL, que ofrece especialización en los servicios de ‘retirada de amianto’.
El amianto se prohibió totalmente en 2002, pero donde ya estaba instalado se dejó su uso hasta su eliminación o el fin de su vida útil. El Parlamento europeo aclaro en una Resolución de 14 de marzo de 2013, que se estima que los materiales con amianto poseen habitualmente un ciclo de vida de entre 30 y 50 años.
En el último Consejo Escolar Municipal del anterior mandato celebrado en junio de 2022 se acordó elevar a la Junta “la necesidad y urgencia de la retirada del amianto en el CEIP Guzmán el Bueno”. Y al inicio del curso escolar, el grupo socialista manifestaba “su confianza en que la Junta cumpliese con su responsabilidad de eliminar el amianto en todos los centros educativos del municipio”.
En el 2023, la Junta de Andalucía destinó casi 30.000 euros para la retirada y “cubrir” con fibra de carbono materiales de amianto en los centros educativos CEIP Guzmán el Bueno y el IES Almadraba.
