El sindicato USTEA denuncia que “en lugar de retirar el amianto se está encapsulando y que las tareas se hacen en periodo lectivo”. Desde la Junta se defiende esta actuación como dentro de lo contemplado en el Plan de Retirada de Amianto de la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía a través de la delegación territorial de Educación ha defendido la actuación acometida en hasta 4 colegios de la comarca para la “retirada”, en este caso… “no retirada”, de elementos constructivos realizados en amianto.
En concreto, la junta se refiere a las actuaciones llevadas a cabo en los CEIP San Isidro Labrador, Guzmán el Bueno, Pedro Simón Abril y Nuestra Señora de las Mercedes donde se trabaja en la solución técnica para neutralizar el fibrocemento se localiza en los pilares que soportan las galerías cubiertas que conectan los distintos edificios que componen los centros educativos, concretamente, como encofrado visto, de los pilares de hormigón armado, todos ellos acabados con pintura.
Dentro del marco del Plan de Retirada de Amianto de la Junta de Andalucía y según la opinión de los técnicos y teniendo en cuenta que el desmontaje de los pilares supondría “un riesgo potencial porque se pueden desprender partículas”, la Junta ha concluido que los pilares “cuentan con un óptimo estado de conservación, por lo que se procedió a realizar una propuesta de actuación sobre los elementos según sus circunstancias particulares. Así, se realizó la contratación y elaboración de los proyectos de ejecución, en los que se propone recubrimiento definitivo de los pilares de las galerías con fibra de carbono y pintura, una solución que además de ocultar definitivamente el elemento, aporta una resistencia extra al pilar” se asegura desde la administración autonómica.
La Junta resalta que “en estas actuaciones no se produce manipulación ni se emite al aire partícula alguna” y que para la ejecución de los trabajos se ha vallado el cajón de obra, llevando a cabo las medidas de protección colectivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Agencia, los que implica que no haya ningún tipo de contacto de la comunidad educativa con los trabajos a realizar, como se realiza en el 100% de las obras que promueve la Consejería de Desarrollo Educativo.
La comunidad educativa y USTEA no piensan igual
La actuación llevada a cabo por la Junta con el curso ya iniciado ha suscitado el recelo de buena parte de la comunidad educativa, y la indignación de los sindicatos que como USTEA, han criticado se está “encapsulando el amianto en lugar de retirarlo y que estas tareas se hacen en periodo lectivo”.
El sindicato apunta a que “la retirada progresiva del fibrocemento en los centros educativos públicos es una obligación de la Junta de Andalucía, que en 2016 acordó y publicó en el BOJA el calendario para tener completada esta retirada el 31 de diciembre de 2022”. USTEA sostiene (lejos de lo que justifica la Junta) este acuerdo, “establece literalmente el siguiente criterio: las actuaciones que requieran la intervención sobre elementos constructivos que contengan amianto deben tener un alcance ejecutable en época no lectiva, dada la imposibilidad técnica y legal de trabajar sobre los mismos en época escolar”.
USTEA sostiene que “la retirada del amianto en los centros educativos elimina el problema de raíz, encapsularlo reduce la posibilidad de librar las fibras cancerígenas del fibrocemento, pero es una solución temporal que supone alargar el problema unos años, ya que por ley tiene que ser eliminado para el año 2028, se podría entender que la actuación de la Consejería es una alternativa viable, rápida y legal para alargar la vida útil de dicho material y así ahorrar costes, ya que el encapsulamiento es más barato que la retirada, pero esta actuación se debería haber realizado hace años en época no lectiva“.
Por último, el sindicato reclama a Isabel Paredes, delegada provincial de Desarrollo Educativo, que “deje de jugar con la salud de toda la comunidad educativa” y que retiren de forma definitiva y segura el amianto de estos centros educativos. De salud entendemos que sabe, ya que ha sido anteriormente delegada de Sanidad”.
El amianto se prohibió totalmente en 2002, pero donde ya estaba instalado se dejó su uso hasta su eliminación o el fin de su vida útil. El Parlamento europeo aclaro en una Resolución de 14 de marzo de 2013, que se estima que los materiales con amianto poseen habitualmente un ciclo de vida de entre 30 y 50 años.
En el último Consejo Escolar Municipal del anterior mandato celebrado el pasado junio se acordó elevar a la Junta “la necesidad y urgencia de la retirada del amianto en el CEIP Guzmán el Bueno”. Y al inicio del curso escolar, el grupo socialista manifestaba “su confianza en que la Junta cumpliese con su responsabilidad de eliminar el amianto en todos los centros educativos del municipio”.