Por: Gaspar J. Perea Cuesta
Tarifa necesita que Urbanismo funcione. Los retrasos perjudican a los promotores, pero también a quien quiere reformar una vivienda, abrir un pequeño negocio o recibir una respuesta municipal en plazo. El Ayuntamiento ha reconocido que la capacidad de sus unidades administrativas no guarda proporción con el volumen de expedientes y plantea la colaboración público-privada como fórmula para aliviar esa situación. La colaboración público-privada en los procedimientos de intervención administrativa sobre la actividad de edificaciones es una herramienta que puede paliar el retraso en la administración de dichos procedimientos, generados por la falta de proporcionalidad entre la dimensión de los recursos humanos de las unidades administrativas responsables de dicha tramitación, y el volumen de expedientes.
El problema existe; la solución, sin embargo, debe ser examinada con cuidado. La cuestión no es solo si el modelo acelera expedientes, sino a quién beneficia primero, quién paga y qué garantías conserva la ciudadanía.
La iniciativa incorpora a las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Andalucía (EUCA) para revisar documentación y cumplimiento técnico antes de que el expediente llegue a su resolución municipal. Se anuncian un Certificado de Verificación Documental (CVD) y un Certificado Técnico de Cumplimiento Urbanístico (CTCU). La ordenanza incorpora dos figuras principales: el Certificado de Verificación Documental (CVD) y el Certificado Técnico de Cumplimiento Urbanístico (CTCU). Esta colaboración puede ser razonable si sirve para ordenar expedientes, evitar subsanaciones y liberar recursos municipales. Además, se anuncia expresamente que la decisión administrativa y el control seguirán correspondiendo al Ayuntamiento. La colaboración externa, por tanto, no elimina la responsabilidad municipal: la decisión administrativa y las potestades de control seguirán correspondiendo al Consistorio.
Ahí está la línea jurídica y política que no debe cruzarse: una entidad privada puede auxiliar técnicamente, pero no sustituir el juicio de legalidad municipal, ni convertir su certificado en una prelicencia, ni limitar la inspección o la disciplina urbanística. El control público debe ser efectivo, no meramente formal.
Los promotores serán los beneficiarios más inmediatos. El modelo surge, precisamente, tras trasladar el sector empresarial su preocupación por los retrasos acumulados en la Oficina Técnica Municipal. Aquel encuentro estuvo marcado por la preocupación empresarial ante los retrasos acumulados en la Oficina Técnica Municipal y por la necesidad de encontrar fórmulas que permitieran recuperar capacidad de respuesta sin renunciar al control público de los expedientes. También puede beneficiar al Ayuntamiento, al recibir expedientes mejor preparados en un contexto de importante acumulación de procedimientos. Cuando se produjo la reunión de junio, el alcalde cifró en torno a 3.000 los procedimientos acumulados, con expedientes de distinta naturaleza que arrastraban demoras en algunos casos durante varios años.
Pero el ciudadano que no es promotor solo saldrá ganando si la mejora llega igualmente a él. Una Administración menos bloqueada debería atender mejor al vecino, comprobar con más eficacia las obras y responder antes a los pequeños expedientes. El riesgo es una Administración de dos velocidades: una rápida para quien puede pagar una revisión privada y otra lenta para quien no puede o no desea hacerlo. Las entidades podrán cobrar tarifas que no son tasas ni precios públicos municipales; Las entidades que participen podrán prestar estos servicios a los particulares mediante las correspondientes tarifas. El expediente municipal deja claro que esas cantidades no tendrán la consideración de tasas ni de precios públicos municipales, al tratarse de la contraprestación por los servicios prestados por las entidades colaboradoras. jurídicamente la distinción es clara, pero para una familia o un pequeño autónomo sigue siendo un coste añadido.
Por eso, antes de aprobar la ordenanza, deberían asegurarse cinco garantías: certificados auxiliares y no vinculantes; una vía municipal ordinaria que funcione con plazos reales; publicidad de entidades, tarifas y resultados; incompatibilidades estrictas para impedir conflictos de interés; y controles municipales que permitan revisar, corregir y sancionar errores. Un certificado favorable nunca debe blindar una actuación frente a la inspección ni frente al restablecimiento de la legalidad.
La alternativa no es dejar que el atasco continúe. La propia documentación apunta al refuerzo de la Oficina Técnica, la reorganización de procedimientos y una mejor atención ciudadana. Sobre la mesa estuvieron igualmente el refuerzo temporal de la Oficina Técnica con arquitectos, especialistas jurídicos y personal de apoyo, la reorganización de los procedimientos, la diferenciación entre expedientes de obras menores y mayores, la creación de mecanismos de atención al ciudadano y la posibilidad de establecer vías específicas para proyectos considerados estratégicos. La colaboración externa puede complementar estas medidas, pero no reemplazarlas.
La ordenanza será defendible y útil si transforma la rapidez en un beneficio común, no en un servicio añadido reservado de hecho a quien pueda pagarlo. Tarifa necesita eficacia, pero también igualdad, transparencia y responsabilidad pública.
Hay, además, una cuestión de fondo que no puede quedar fuera del debate: qué modelo de ciudad quiere Tarifa. La ordenanza puede mejorar la gestión de los expedientes que llegan al Ayuntamiento, pero no decide dónde, cómo ni con qué límites debe crecer el municipio. Para eso hace falta planificación urbanística general, participación pública y una visión de largo plazo.
Un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) no es un trámite secundario. Es el instrumento que debe permitir ordenar el crecimiento, proteger los valores ambientales y paisajísticos, prever dotaciones y movilidad, atender las necesidades de vivienda y fijar reglas conocidas para vecinos, pequeños propietarios y promotores. Sin esa hoja de ruta, la rapidez administrativa puede resolver expedientes aislados, pero no garantiza un desarrollo urbano coherente ni equilibrado.
La discusión sobre las EUCA y los certificados previos debe situarse, por tanto, en su justa medida. Puede ser una herramienta útil de gestión, pero no puede convertirse en la política urbanística de Tarifa. La prioridad debería ser doble: una Administración capaz de tramitar con eficacia y un PGOM que defina, con transparencia y participación, hacia dónde debe avanzar la ciudad.
Porque una ciudad no mejora solo cuando concede antes una licencia. Mejora cuando sabe qué quiere conservar, qué necesita transformar y en beneficio de quién se ordena su territorio.
Vaya vergüenza. Se van a cargar el pueblo… más todavía