El grupo político Verdes de Europa–Tarifa ha presentado una denuncia ante instituciones de la Unión Europea por la utilización de fondos europeos Next Generation en el proyecto de construcción de viviendas sociales previsto en la zona de Matadero–Extramuros. La formación ecologista vuelve a cuestionar, en esta ocasión frente a la Unión Europea, la legalidad del proyecto y la forma en que se está tramitando por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía.
Según la nota remitida por el colectivo, desde diciembre de 2024 “existiría una falta continuada de información pública sobre el expediente, que afectaría a la transparencia administrativa y a la participación ciudadana”. En este contexto, la formación vincula el proceso con el reciente desalojo de las asociaciones AFITA y AECC de las instalaciones que ocupaban en la zona afectada.
Entre las afirmaciones recogidas en el comunicado, Verdes de Europa–Tarifa sostiene literalmente que “existe una continuada flagrante falta de Información y Transparencia por parte del Ayuntamiento de Tarifa”, así como que “las viviendas se pretenden construir en suelo calificado como Equipamiento escolar-deportivo y comunitario”.
La formación también apunta a una presunta actuación irregular de agentes privados en el desarrollo del proyecto, afirmando que “se ha producido una manipulación por parte del constructor, que no figura en documento alguno, al cual el Ayuntamiento ha permitido la desviación de su poder”. Asimismo, consideran que “se ignora por completo el mecanismo imprescindible de Participación ciudadana, recogido en el artículo 133 de la Ley 39/2015”.
En su argumentación, Verdes de Europa–Tarifa señala que el proyecto incumpliría el principio europeo de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” (principio DNSH), exigido para acceder a financiación comunitaria. Según el grupo, las infraestructuras básicas del municipio —como el saneamiento, el suministro eléctrico o el abastecimiento de agua potable— presentarían deficiencias previas que harían inviable, desde su punto de vista, la ejecución de nuevas promociones de vivienda.
La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, critica la gestión municipal en relación con las asociaciones locales, manifestando que “el alcalde discrimina a las asociaciones, priorizando los intereses económicos de promotores y constructores privados”, y calificando esta actitud como autoritaria. Estas declaraciones reflejan la opinión política de la formación ecologista.
Por otro lado, el colectivo ha hecho público el expediente relacionado con la construcción de 97 viviendas subvencionadas con fondos europeos para la rehabilitación, alegando la falta de publicación oficial por parte del Ayuntamiento. En este sentido, aclaran que no se oponen a la construcción de viviendas de protección oficial, sino que, según indican, “nos oponemos a las ilegalidades, los chanchullos, los amiguismos, las irregularidades, las manipulaciones y los enchufes”, advirtiendo de que posibles sanciones o devoluciones de fondos europeos recaerían, en última instancia, sobre la ciudadanía.