Familias y trabajadoras movilizadas denuncian falta de apoyo mientras la Consejería se escuda en la normativa.
La Escuela Infantil Virgen de la Luz de Tarifa lleva diez días de huelga, con trabajadoras y familias movilizadas, y la Junta de Andalucía se pronuncia ahora manteniendo que no es viable incrementar la plantilla, queriendo así ganar el pulso. Las demandas de dos técnicos y tres auxiliares de limpieza, apoyadas por los plenos del Ayuntamiento de Tarifa —con el voto del PP local— y de la Diputación de Cádiz, chocan con la interpretación estricta del Decreto 76/2025, al que la Consejería se aferra para justificar su negativa.
Según la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el centro ya cuenta con siete unidades y ratios plenamente ajustadas a la normativa, y la plantilla cumple con los requisitos legales. Las instalaciones, aseguran, reúnen las condiciones exigidas de espacio, accesibilidad y organización. “No existe incumplimiento normativo alguno, sino una adaptación del funcionamiento del centro a la capacidad autorizada y a la demanda real de las familias”, subraya la Junta.
A pesar de la huelga y de la presión de familias y trabajadoras, la administración solo reconoce “refuerzos puntuales”, como la incorporación de una Técnica Superior de Educación Infantil desde el 24 de marzo y la cobertura previa de una plaza de limpieza y mantenimiento. Para la Delegación, estas medidas son suficientes para garantizar el cumplimiento de la norma y la atención educativa adecuada.
Pero en la práctica, la huelga ha dejado a los pequeños sin escolarizar durante toda una semana, y familias y trabajadoras denuncian merma económica, emocional y educativa. Las demandas van más allá del cumplimiento estricto del decreto: buscan mejorar la atención y la seguridad de los niños, y responder a la realidad del centro, con ratios ajustadas pero sobrecarga de trabajo y necesidades de mantenimiento.
La Junta insiste en que respeta el derecho a la huelga, pero hace un llamamiento a la “responsabilidad y al rigor”, recordando su obligación de garantizar el interés general y la prestación del servicio público educativo. Sin embargo, para las trabajadoras y familias movilizadas, la letra del decreto no sustituye la realidad diaria de un centro con niños que necesitan más apoyo y recursos.
El conflicto pone de relieve la tensión entre la normativa y la necesidad real del día a día: mientras la Junta se aferra a la legalidad, familias y trabajadoras reclaman atención, recursos y reconocimiento. La Consejería reafirma su compromiso con la Educación Infantil y la equidad en el acceso a plazas, pero la huelga continúa como recordatorio de que cumplir la normativa no siempre basta para garantizar la calidad educativa.
Curiosamente la comunicación de la administración llega, un día no lectivo y donde se inicia las vacaciones de Semana Santa, cuando ha tenido meses atrás para dar esta contestación y así concretar por parte de las trabajadoras si se garantizará la continuidad de la huelga indefinida.