La plataforma ciudadana alerta sobre posibles incumplimientos en la normativa que se dicta en el Plan Especial de Trabajo que por otro lado ha sido autorizado por la Junta de Andalucía para la retirada de amianto. La empresa y Ayuntamiento defienden que las actuaciones se ajustan a la legalidad vigente y señalan de ‘infundada’ la denuncia de la plataforma.
Imagen de las obras de derribo de las casas de los almadraberos en cuyo tejado se puede apreciar depósitos de agua potable realizados con euralita/TAD
La venta de los terrenos de la industrial conservera a la promotora NOVA SL con interés por ser la voz cantante y dirigir la urbanización de todo el frente litoral urbano que se estipula en el Plan de Reforma Interior aventado por PP y Nuevos Aires (ahora 100% Unidos) vuelve e tener en contra el rechazo social representado en la Plataforma Ciudadana Tarifa no se vende, en esta ocasión en relación a los trabajos previos de derrumbe de antiguas instalaciones industrial que encargados a la empresa Excavaciones Reyes Tarifa SL se llevan a cabo en el lugar.
Así, la Plataforma Ciudadana “Tarifa No Se Vende” ha denunciado la supuesta vulneración de la normativa de salud pública dichos trabajos que según el colectivo, “se estarían llevando a cabo en estructuras que contienen amianto, sin que se hayan aplicado los protocolos legales exigidos para la manipulación de este material altamente peligroso. La plataforma sostiene que el Ayuntamiento de Tarifa habría permitido el inicio de las obras con maquinaria pesada sin cumplir el Real Decreto 396/2006, que obliga a contar con un Plan de Trabajo específico aprobado por la autoridad laboral y a que la empresa responsable esté inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) antes de intervenir sobre fibrocemento”.
Sin embargo, tal apreciación de la plataforma no se ajusta a la realidad y tanto la empresa, como el Ayuntamiento han confirmado la existencia del Plan de Trabajo Específico, que ha sido proporcionado a este diario bajo el número de expediente 41-2025 por el que la Junta autoriza a la empresa especializada y autorizada para dichos trabajos DAYTA SL. a llevar a cabo el Plan específico para actividades con riesgo de amianto en C/Chanca n.º11 en Tarifa (Cádiz).
Es por ello por lo que tanto la empresa que lleva a cabo el derribo como el Consistorio en la voz del concejal de Obras y Servicios, Carlos Blanco, han calificado la denuncia del colectivo ciudadano de “denuncia infundada puesto que las obras cuentan con las medidas necesarias para garantizar lo dictado y fijado en la normativa de obligado cumplimiento que exige un Plan de Trabajo específico y asegura que la denuncia de la plataforma carece de cualquier fundamento y se hace desde el desconocimiento e ignorancia de la misma”.
Sin embargo, la plataforma, aún contando con el plan específico de obligado cumplimiento apunta a que “aunque los responsables de la obra y el concejal hayan indicado que todo es correcto, se ha comprobado el incumplimiento de las medidas obligatorias del Real Decreto 396/2006, lo que justifica la denuncia, al realizarse trabajos con amianto cerca de centros educativos, la normativa exige medidas reforzadas debido a la especial vulnerabilidad de los menores como: que el Plan de Trabajo debe contemplar confinamiento crítico con sistemas de depresión y filtros HEPA, la ejecución de las tareas de mayor riesgo fuera del horario escolar y un estudio de vientos para evitar la dispersión de fibras hacia los colegios. También el documento técnico debe incluir La información y señalización deben contemplar la notificación a los centros educativos y cartelería pública. La vigilancia ambiental exige mediciones de fibras en el perímetro con resultados accesibles a la Inspección y centros. La protección del entorno requiere doble vallado opaco y gestión cerrada y sellada de los residuos.
Desde la empresa de derribo se asegura que se han instalado toda la cartelería necesaria y que “ha sido retirada ya al finalizar los trabajos de eliminación del amianto”. La plataforma le contradice y señala “ausencia de cartelería informativa en la obra, que debería incluir el número de expediente y los responsables técnicos, dificulta la fiscalización ciudadana sobre un enclave considerado estratégico para el municipio”. Con todo, el responsable de la misma, Antonio Reyes asegura que en el solar de la obra “permanecen aún los restos de amianto debidamente sellados y empaquetados a la espera de que las lluvias torrenciales dieran una tregua para llevarlos a un vertedero autorizado.
Algo que por otro lado dudan desde la plataforma que insiste en que “ni se ha informado a las direcciones de los colegios sobre el calendario de los trabajos ni las medidas de seguridad adoptadas, ni se han colocado la cartelería informativa de los trabajos con manipulación de amianto.
La plataforma critica lo que describe como un “modus operandi” basado en la dejación de funciones y la ausencia de fiscalización municipal, permitiendo la manipulación de materiales con fibras cancerígenas en un entorno caracterizado por fuertes vientos, sin medidas como confinamientos, riego constante o captadores perimetrales de aire que reduzcan el riesgo de dispersión.
El colectivo señala que esta situación se suma a otras denuncias recientes relacionadas con el cumplimiento de normativas de salud pública, y acusa al gobierno local de reincidir en la falta de control sobre riesgos químicos y estructurales, lo que, aseguran, genera una sensación de impunidad. Además, alertan sobre la rapidez y opacidad con la que se están ejecutando los derribos, lo que, según su interpretación, podría responder a un intento de consumar hechos irreversibles.
Ante esta situación, la Plataforma “Tarifa No Se Vende” exige la paralización inmediata de los trabajos hasta que se haga público el Plan de Desamiantado y se garantice que el aire en los centros escolares cercanos está libre de contaminación, reclamando el fin de una política de hechos consumados que, a su juicio, pone en riesgo la salud pública, el bienestar colectivo y el ecosistema litoral de Tarifa.
