El recurso cuestiona la decisión del Gobierno de frenar una iniciativa que permitiría transformar la plaga del alga Rugulopteryx okamurae en una oportunidad económica y ambiental realizando plantillas de zapatos mediante los arribazones.
Una alumna de un proyecto de revalorización del alga asiática procediendo a la recolección de arribazones en la costa/AVJ
Desde hace años, los vecinos, empresarios y pescadores de Tarifa conviven con un problema que no cesa: la llegada masiva del alga asiática Rugulopteryx okamurae. Esta especie invasora, ha colonizado el fondo marino del Estrecho de Gibraltar, desplazando a especies autóctonas y generando toneladas de biomasa que inundan las playas, especialmente en verano y que supone además de una auténtica catástrofe medioambiental, un engorro para el carácter turístico del municipio y un sobrecoste inasumible por el Consistorio el que se deriva de la limpieza de los arribazones de la playa.
Con el objetivo de dar una solución innovadora, el grupo de emprendedores del SEPER-Tarifa presentó un proyecto para recoger y comercializar el alga. La idea era transformarla en productos como compost, calzado o bioplásticos, dentro de una estrategia de economía circular. Sin embargo, el Gobierno central -a través del Ministerio para la Transición Ecológica, MITECO- rechazó la propuesta por considerar que la ley prohíbe expresamente cualquier uso de especies exóticas invasoras con fines comerciales.
Ahora, los promotores del proyecto, a través de profesor, Antonio Vegara han presentado un recurso de alzada (realizado por el letrado, Francisco Petisme, miembro de la Mesa Civil Contra el Alga Asiática) un procedimiento administrativo para revisar la decisión, con argumentos jurídicos, técnicos y ambientales que buscan abrir la puerta a una gestión más eficaz y responsable del problema.
El recurso demanda del Gobierno de la Nación: que se tengan en cuenta las presentes alegaciones junto con la normativa aplicable a la autorización de la solicitud, y que se autorice el proyecto como medida urgente para frenar la expansión del alga, garantizando los controles ambientales necesarios. La valorización comercial de la biomasa permitiría un mayor control poblacional de la especie y una retirada más eficaz, segura y profesional, generando además beneficios socioeconómicos sostenibles para la zona al mitigar los impactos negativos en la pesca, el turismo y los recursos municipales. Esta actuación, asumida por empresas especializadas, cumpliría con la legislación ambiental vigente, reduciría emisiones y se enmarcaría dentro de las medidas previstas en el anexo V de la Ley de Residuos. Además, no es necesaria la espera de un plan autonómico, ya que la normativa vigente obliga al Estado a establecer su propio plan sin dilaciones.
¿Por qué se denegó el proyecto?
La negativa se basa en la inclusión del alga Rugulopteryx okamurae en el catálogo español de especies invasoras, lo que en principio impide su comercio. No obstante, la legislación europea permite ciertos usos controlados siempre que se evite su propagación y se contribuya a su erradicación.
El recurso subraya que el propio Reglamento Europeo 1143/2014, que regula la gestión de especies invasoras, contempla excepciones cuando se trata de proyectos que ayuden a mitigar el daño ambiental. “No se trata de explotar el alga libremente, sino de retirarla del medio y darle un uso que evite que acabe de nuevo en el mar o en un vertedero”, señalan los impulsores.
Una plaga sin plan nacional
Uno de los puntos más polémicos del recurso es que el Estado español aún no ha aprobado un plan de acción nacional contra esta especie, pese a estar obligado por la legislación comunitaria. En su lugar, deja la responsabilidad a las comunidades autónomas, lo que ha provocado una gestión fragmentada y, en muchos casos, ineficaz.
“El Gobierno no puede prohibir una solución si no ofrece otra mejor. Mientras tanto, Tarifa sigue recibiendo toneladas de algas y pagando de su bolsillo la limpieza de playas”, apuntan fuentes cercanas al recurso.
¿Por qué puede ser beneficioso?
Desde un punto de vista ambiental, recoger el alga y transformarla evitaría su reincorporación al mar y permitiría reducir los costes públicos de gestión. Actualmente, muchas toneladas acaban incineradas o en vertederos, lo que genera emisiones y gastos. El proyecto propone una valorización sostenible bajo supervisión científica y administrativa.
Además, la iniciativa podría generar empleo local y ofrecer nuevas oportunidades económicas en una zona especialmente castigada por la crisis del sector pesquero, que ha visto cómo el alga ha afectado a sus capturas tradicionales y afecta también a especies protegidas.
El recurso también recuerda que el avance del alga está afectando a especies protegidas como la Posidonia oceánica, un hábitat marino clave, y a invertebrados como la Patella ferrugínea, que podrían desaparecer si no se actúa pronto.
“La situación es grave, pero también puede convertirse en una oportunidad para aplicar soluciones basadas en la economía circular”, sostienen los expertos que apoyan la iniciativa.
¿Una oportunidad bloqueada?
Desde el punto de vista legal, los promotores insisten en que su propuesta no busca explotar una especie peligrosa, sino contribuir a su control mediante un sistema regulado y trazable. El proyecto incluía limitaciones geográficas y temporales, controles sanitarios y un seguimiento ambiental constante.
El recurso considera que bloquear este tipo de proyectos sin alternativa clara solo agrava el problema, y que España tiene la oportunidad de liderar una respuesta innovadora y sostenible ante una crisis ecológica que afecta ya a varias comunidades autónomas.
Conclusión: entre el problema y la solución
Mientras las playas del Estrecho se preparan para otro verano con toneladas de algas, el debate sigue abierto. ¿Debe permitirse el uso controlado de una especie invasora si eso ayuda a reducir su impacto? ¿O se corre el riesgo de fomentar su propagación?
El recurso de alzada presentado en Tarifa no solo busca cambiar una decisión administrativa, sino también abrir una conversación nacional sobre cómo gestionar los problemas ambientales con sentido común, innovación y participación local.