Cuando la Ineficacia se viste de culpa ajena

Cada vez más y lamentablemente en el panorama político general y actual, observamos cómo los ciudadanos somos testigos de un espectáculo recurrente y, a la vez, frustrante: la atribución de la ineficacia en la gestión pública a aquellos que, por definición, son los pilares de su correcto funcionamiento: los técnicos y funcionarios.

Continuamente presenciamos cómo políticos cometen un “desafortunado” desliz verbal o una actitud irrespetuosa; volviendo a señalar directamente a este colectivo, acusándolos velada o explícitamente de ser los responsables de los fallos en la administración.

Este patrón de conducta, lejos de ser un incidente aislado, se ha convertido en una táctica política preocupantemente extendida. Cuando la maquinaria gubernamental no responde a las expectativas, cuando los proyectos se estancan, cuando las promesas se diluyen en la burocracia, la salida fácil, y a menudo la más utilizada, es la de descargar la responsabilidad en el eslabón técnico y administrativo de la cadena. Se les acusa de lentitud, de rigidez, de falta de visión, de una burocracia paralizante, e incluso de sabotaje velado.

Pero, ¿es esta una acusación justa o una cortina de humo diseñada para desviar la atención de las verdaderas carencias? La realidad es que la gestión pública es un entramado complejo donde confluyen decisiones políticas, recursos humanos, económicos y normativas. Reducir los problemas de gestión a la supuesta ineficacia de los funcionarios es, cuanto menos, una simplificación burda y, en el peor de los casos, una manifiesta irresponsabilidad política.

Detrás de cada decisión técnica, de cada trámite administrativo, existen directrices políticas. Son los gobernantes quienes definen las prioridades, asignan los presupuestos, establecen los plazos y, en última instancia, marcan el rumbo de la acción pública. Los técnicos y funcionarios, con su conocimiento especializado y su vocación de servicio, son los encargados de materializar esas directrices, de aplicar las leyes y de garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Su labor es fundamental, y su profesionalidad, en la inmensa mayoría de los casos, es innegable.

Acusar a este colectivo de ineficacia sin un análisis profundo y autocrítico es, por tanto, un acto de cobardía política. Es obviar la propia responsabilidad en la planificación deficiente. Es más fácil proyectar las culpas hacia abajo que reconocer las propias deficiencias.

Además, este tipo de declaraciones públicas o actitudes no solo son injustas, sino que también tienen consecuencias perniciosas. Minan la moral de los funcionarios, que ven cómo su trabajo es denostado y su profesionalidad puesta en entredicho ante la opinión pública. Generan desconfianza entre la ciudadanía y la administración. Y, lo que es aún más grave, desvían el foco de atención de las soluciones reales, perpetuando un ciclo de acusaciones en lugar de fomentar la colaboración y la búsqueda de mejoras.

Los técnicos y funcionarios no son el problema; en muchos casos, son la solución que nuestros políticos, en su afán por eludir responsabilidades, se empeñan en ignorar.

Todos los políticos deberían de atreverse a mirarse al espejo antes de buscar culpables externos, deberían ser valientes y sobre todo no deben de esconder su ineficacia de trabajo y gestión vestida de la culpa ajena.