Ecologistas en Acción valora como un nuevo frenazo al proyecto el abandono de la vía judicial emprendida por la promotora contra un informe de la Diputación que cuestiona su legalidad. El origen del procedimiento se encuentra en el informe emitido el 11 de noviembre de 2021 por el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de Cádiz. El documento concluía que el Proyecto de Actuación de la Dehesa de Las Piñas presentaba graves deficiencias de legalidad y consideraba incompatible el uso hotelero proyectado con la clasificación del suelo establecida por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Tarifa.
El proyecto hotelero previsto en la Dehesa de Las Piñas, en Tarifa, recibe un nuevo revés. La promotora Desarrollos e Inversiones Tarifa S.L. ha dejado caducar el procedimiento judicial que había iniciado contra la Diputación Provincial de Cádiz con el objetivo de anular un informe técnico que cuestiona la legalidad del proyecto urbanístico.
La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Cádiz declaró, el pasado 12 de junio de 2026, terminado el procedimiento y acordó el archivo de las actuaciones después de que la empresa no llegara a formalizar la demanda una vez recibido el expediente administrativo.
Para Ecologistas en Acción, que ha comparecido como parte codemandada en este y otros procedimientos relacionados con el proyecto, el desenlace supone un nuevo frenazo a una actuación urbanística que la organización ecologista viene cuestionando desde hace años.
El origen del procedimiento se encuentra en el informe emitido el 11 de noviembre de 2021 por el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de Cádiz. El documento concluía que el Proyecto de Actuación de la Dehesa de Las Piñas presentaba graves deficiencias de legalidad y consideraba incompatible el uso hotelero proyectado con la clasificación del suelo establecida por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Tarifa.
El informe iba más allá de plantear simples discrepancias técnicas. Según Ecologistas en Acción, el documento señalaba que se estaba ante un acto nulo de pleno derecho y recomendaba al Ayuntamiento de Tarifa iniciar un procedimiento de revisión de oficio.
La promotora trató posteriormente de dejar sin efecto estas conclusiones. En julio de 2024 requirió formalmente a la Presidencia de la Diputación para que declarase la invalidez del informe. Sin embargo, los Servicios Jurídicos de la institución provincial rechazaron sus argumentos en un informe fechado el 30 de julio de 2024.
En aquel documento se señalaba que el criterio del Servicio de Asistencia a Municipios coincidía con el mantenido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Tarifa y por la entonces Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio. Los servicios jurídicos provinciales concluyeron, además, que ninguna de las alegaciones planteadas por la promotora encontraba respaldo jurídico.
Pese a ello, la empresa decidió acudir a los tribunales. El recurso, sin embargo, no llegó a culminarse: una vez remitido el expediente al juzgado, la promotora no presentó la demanda dentro del plazo correspondiente, lo que provocó la caducidad del procedimiento y su posterior archivo.
Ecologistas: “El informe sigue plenamente vigente”
Ecologistas en Acción considera especialmente relevante que el archivo del procedimiento no supone la anulación ni la modificación del informe de la Diputación, que permanece incorporado al expediente administrativo.
La organización ecologista sostiene que ninguna resolución administrativa o judicial ha desvirtuado hasta la fecha las conclusiones del SAM y que, por tanto, sigue vigente el criterio técnico que considera incompatible el proyecto con la clasificación del suelo prevista en el PGOU de Tarifa.
Desde el colectivo califican como significativo que, después de intentar durante años cuestionar uno de los informes técnicos más contundentes emitidos sobre el proyecto, la propia promotora haya terminado abandonando la vía judicial emprendida contra la Diputación.
Para Ecologistas en Acción, este nuevo episodio refuerza su posición de que el proyecto de Las Piñas continúa enfrentándose a serios obstáculos jurídicos y urbanísticos. La organización insiste en que la protección del suelo no urbanizable y la ordenación territorial deben quedar al margen de intereses particulares y reclama que cualquier decisión sobre el futuro de la actuación se ajuste al planeamiento vigente y a los informes de los servicios técnicos de las administraciones públicas.
El colectivo ecologista recuerda, además, que este es el tercer procedimiento judicial relacionado con el proyecto hotelero de Las Piñas en el que ha intervenido como parte codemandada, dentro de su estrategia de oposición al desarrollo urbanístico planteado en este enclave de Tarifa.
Así, el archivo del recurso contra la Diputación añade un nuevo capítulo a la larga tramitación del proyecto y mantiene sobre la mesa un informe provincial que cuestiona de forma expresa su compatibilidad con el planeamiento urbanístico vigente.