El proyecto urbanístico será debatido por el Pleno del Ayuntamiento de Tarifa el próximo 20 de julio, mientras la formación reclama que se suspenda su tramitación hasta que se resuelvan los recursos administrativos pendientes.
El proyecto de actuación urbanística de la planta de almacenamiento energético ST Palmosilla, prevista en el Valle de la Luz, llegará el próximo 20 de julio al Pleno del Ayuntamiento de Tarifa, donde la Corporación deberá pronunciarse sobre un expediente que se ha convertido en uno de los asuntos de mayor controversia ambiental y urbanística del municipio.
Coincidiendo con la inclusión del proyecto en el orden del día, Verdes de Europa-Tarifa ha remitido una petición urgente al Consistorio en la que solicita que se extremen las garantías jurídicas antes de continuar con la tramitación municipal, al considerar que persisten importantes incertidumbres administrativas sobre el procedimiento.
La formación recuerda que mantiene pendiente de resolución un recurso de alzada presentado contra la autorización administrativa concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica, en el que cuestiona distintos aspectos del expediente, entre ellos la suficiencia de la evaluación ambiental, la aplicación de la Directiva Hábitats, la motivación de la resolución, la documentación incorporada al procedimiento y el cumplimiento de los principios de participación pública y precaución ambiental.
Aunque reconoce que la presentación de un recurso de alzada no suspende automáticamente la eficacia de una resolución administrativa, el colectivo considera que, tratándose de una infraestructura de estas dimensiones, el Ayuntamiento debería actuar con la máxima cautela mientras la autorización estatal continúa siendo objeto de revisión.
En el escrito dirigido al alcalde, Verdes de Europa-Tarifa solicita que el Ayuntamiento incorpore al expediente la existencia de ese recurso pendiente, verifique documentalmente la identidad del promotor que comparece actualmente en el procedimiento y motive expresamente las razones por las que mantiene la tramitación urbanística pese a que, según sostienen, continúan abiertas cuestiones relevantes, entre ellas el cambio de titularidad del proyecto producido antes de la autorización administrativa definitiva publicada posteriormente por el Gobierno.
La portavoz del colectivo, Rosmarie Hennecke, también plantea dudas sobre la financiación europea vinculada al proyecto. Según explica, los dos proyectos de almacenamiento energético previstos en Tarifa, que suman una ayuda cercana a los 70 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), carecen —según afirma la formación— de una resolución pública donde pueda comprobarse la concesión y distribución de esos fondos entre ambas instalaciones.
Hennecke asegura que desde el pasado 19 de junio han solicitado esta información a los organismos competentes y que, tras presentar varias reclamaciones, la última el 13 de julio, todavía no han obtenido respuesta, por lo que consideran necesario verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales exigidas por la normativa europea para este tipo de ayudas.
Desde Verdes de Europa-Tarifa defienden que proyectos energéticos de más de 200 megavatios deben desarrollarse “con pleno respeto a la legislación ambiental” y sostienen que la existencia de recursos administrativos pendientes exige “la máxima transparencia, coordinación institucional y seguridad jurídica”. A su juicio, “la ciudadanía tiene derecho a conocer que todas las autorizaciones y la utilización de fondos públicos cumplen estrictamente la normativa vigente”.
El debate plenario llega después de varios meses de creciente contestación social en torno al proyecto. Tanto la Asociación de Vecinos Caheruelas, Puertollano y Longanillas como AGADEN-Ecologistas en Acción han solicitado al Ayuntamiento que no autorice la implantación de la planta en el Valle de la Luz, al considerar que supondría la transformación de un espacio de elevado valor ambiental situado junto al Parque Natural de Los Alcornocales.
Precisamente AGADEN ha recordado en los últimos días que la autorización administrativa previa concedida por el Ministerio no obliga al Ayuntamiento a aprobar el proyecto de actuación, ya que la legislación urbanística atribuye al Consistorio la competencia para decidir si concurren razones de interés público suficientes para permitir este tipo de actuaciones extraordinarias en suelo rústico.
De este modo, la sesión plenaria del próximo lunes se presenta como un nuevo capítulo en un debate que trasciende la construcción de una planta de baterías y que enfrenta dos modelos de desarrollo para el Valle de la Luz: el impulso de nuevas infraestructuras estratégicas para la transición energética o la preservación de uno de los enclaves rurales y paisajísticos más representativos del municipio.
Ufff espero que sí. Pero con BENÍTEZ y Santos malo….