Tras semanas de silencio administrativo la Junta realiza el ofrecimiento de un solo técnico más que desata críticas por su falta de alcance mientras la comunidad educativa denuncia la inacción de la administración.
Se esperaba mucho de la visita al municipio del delegado territorial de Educación, José Antonio Aparicio. Se esperaba —si al menos no mucho, sí al menos lo suficiente— que atendiese una demanda respaldada no solo por las trabajadoras de la Escuela Infantil Virgen de la Luz de Tarifa, sino también por sindicatos, el pleno del Ayuntamiento, la Diputación de Cádiz, las familias del alumnado y el conjunto de la comunidad educativa. Sin embargo, la respuesta de la Junta de Andalucía ha sido considerada por la plantilla como claramente insuficiente.
Las trabajadoras llevan meses denunciando una situación que califican de insostenible: la atención a cerca de un centenar de niños y niñas menores de tres años en aulas que alcanzan los 20 alumnos, donde una sola técnico no puede asumir todas las necesidades básicas de menores de esa edad. Describen un día a día marcado por la sobrecarga: cambios constantes de pañales, conflictos entre menores, caídas, llantos continuos y situaciones de riesgo que, aseguran, hacen imposible ofrecer una atención adecuada, “por mucho decreto que se esgrima desde la administración como garantía”.
Desde el inicio del curso y especialmente desde noviembre, la plantilla viene alertando de este escenario, insistiendo en que una escuela infantil con las características de la de Tarifa —la única pública del municipio— no puede ser tratada como una simple guardería.
Las reivindicaciones han sido claras desde el principio: dos técnicos más y tres auxiliares de limpieza, además de una mejora en la cobertura de bajas. Sin embargo, tras semanas de movilización y con un respaldo institucional y social creciente, la respuesta trasladada por el delegado ha sido la oferta de un único técnico adicional.
Una propuesta que, además, se ha producido en la reunión de hoy en la que el propio delegado se negó a que participaran las trabajadoras del centro, principales afectadas por la situación.
La oferta ha sido interpretada por la plantilla como una “migaja” y un intento de dar por cerrado el conflicto sin abordar el problema de fondo. Especialmente criticada ha sido la ausencia total de refuerzo en el servicio de limpieza, un aspecto que consideran clave en un centro con menores de 0 a 3 años.
“¿Cómo se pretende solucionar el problema generado por ampliar plazas sin ampliar la plantilla?”, se preguntan desde el colectivo.
La respuesta de las trabajadoras ha sido tajante: rechazo frontal a la propuesta por insuficiente y continuidad de la huelga indefinida. Insisten en que no se trata de reivindicaciones salariales ni laborales en sentido estricto, sino de garantizar una atención digna al alumnado. “Con la educación no se juega”, sostienen, subrayando que su objetivo es asegurar unas condiciones mínimas para los niños y niñas del municipio.
El conflicto, lejos de cerrarse, entra así en una nueva fase. Sobre la mesa se plantean nuevas acciones por parte de sindicatos y familias, que ya estudian acudir a instancias como la Inspección de Trabajo o el Defensor del Pueblo Andaluz.
Mientras tanto, denuncian el silencio de la administración autonómica tras el encuentro y la falta de avances reales, así como la incertidumbre sobre el posicionamiento del gobierno local, cuyo alcalde, José Antonio Santos Perea, había mostrado días atrás su apoyo a las reivindicaciones.
El pulso sigue abierto. De un lado, las trabajadoras y las familias, que mantienen la presión a costa de una huelga que impacta directamente en su economía y en la conciliación. Del otro, una administración autonómica a la que acusan de no escuchar una demanda que afecta ya a un centenar de menores, que continúan sin recibir una atención educativa en condiciones normales.