Exigen una rectificación pública del alcalde y Benítez por acusarles de “bulos y desinformar”. Reivindican el valor de la movilización social.
La Plataforma Tarifa no se vende exige al alcalde y equipo de gobierno una rectificación pública tras las declaraciones efectuadas desde el equipo de gobierno justificando la paralización de la firma del convenio entre el Ayuntamiento y Granparcela SL para urbanizar el frente litoral urbano. Se refiere la plataforma a las declaraciones realizadas conjuntamente por el alcalde y primer teniente de alcalde, Pepe Santos y Jorge Benítez en las que aseguran que “desisten de la tramitación del borrador de convenio urbanístico y lamentan la alarma social creada por bulos y manipulación de la oposición»., y vinculan directamente como responsables de esas mentiras a la plataforma”. También han reclamado “que se depuren responsabilidades por el estrés y tensión que ha sufrido la población desde que se hiciera público el convenio”.
La responsable de comunicación de ‘Tarifa no se vende’, Arantxa López Gil señaló la jornada como “una victoria” y animó a todas y todos a no bajar la guardia y mantenerse vigilante, pues dudan que la retirada de la firma del convenio no sea más que una maniobra de lavado de cara del gobierno local, y creen que se mantendrán sus intenciones de poner en manos del sector privado y sin participación ciudadana, la urbanización del frente costero. “Desde Tarifa no se vende creemos que hoy es un día para celebrar. Es una victoria social. Se rompe con el pasado lapidario de que organizarse no sirve para nada, se ahuyenta los fantasmas de épocas pasadas y se mira con esperanza hacia el futuro. El pueblo del derecho ha vivir mejor ha ganado, pero no somos ingenuas y sabemos que volverán. Que volverán a intentarlo de otra forma, con otros palabras y tenemos que estar preparadas”, leyó.
La plataforma ha recordado que el primer objetivo que era paralizar la firma del convenio se ha conseguido, pero no es el único objetivo y en tal sentido señalaron a la necesidad de que los munícipes tengan en cuenta la participación ciudadana en los planes de desarrollo futuro del municipio, donde primen dar respuesta a las necesidades en materia de viviendas asequibles para los ciudadanos y la defensa de lo público.
López Gil agradeció la implicación de buena parte de la ciudadanía a la que reconoció responsable de la paralización de la firma del convenio, así como a colectivos y comunidades como la educativa que se ha adherido masivamente al rechazo del mismo.
El portavoz de la comisión jurídica de la plataforma, Gaspar Perea apuntó a que el convenio que se pretendía firmar adolecía de flecos que cuestionaban la legalidad del documento. Perea reconoció el trabajo de técnicos arquitectos y jurídicos, a los que sólo les ha movido los mejores deseos para Tarifa el aportar sus trabajos a la causa. Perea señaló que lo de hoy se trata de “una victoria social y se ahuyentan los fantasmas de épocas pasadas”, e invitó a todos a estar atentos porque se muestra seguro de que los gobernantes “volverán a intentarlo”.
Lejos del intento de las pretensiones del gobierno local de vincular la plataforma a la oposición política, en la reunión de constitución de la plataforma se dejó claro que si bien dejaban adherirse a partidos políticos, estos tendrían un mero papel testimonial y en ningún caso, dejarían que el movimiento ciudadano se politizará, de ahí que ayer eran fácilmente identificables a representantes políticos de los partidos de la oposición y representantes de grupos ecologistas.
Las aproximadamente doscientas personas congregadas en La Ranita esperaron antes de disolverse a que aparecieren en la plaza los miembros del equipo de gobierno, que tenían que participar de un acto por el Día del Turismo en los aledaños, para entonces intensificar sus proclamas de ‘Tarifa no se vende’ y llamar la atención de los miembros del equipo de gobierno sin que se produjese ningún incidente entre ambas partes.
Y así con sabor a victoria, por lo menos una primera batalla ganada, transcurrió una jornada reivindicativa que estuvo marcada por el anuncio sorpresivo del equipo de gobierno de desestimar la firma del convenio con Granparcela SL. ‘To be continue’.