La plataforma ciudadana sostiene que las 59 viviendas protegidas proyectadas en Extramuros no llegarán a tiempo para mantener la financiación europea y considera que la ciudadanía comienza a percibir el proyecto como un “espejismo”. El primer teniente de alcalde y concejal de Vivienda ha declinado (de momento) hacer alguna valoración de la denuncia de la plataforma.
El alcalde y el conejal de la Vivienda, el pasado diciembre fotografiados junto al inicio de las obras/TAD
La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende ha puesto en duda la viabilidad del proyecto de 59 viviendas de protección oficial (VPO) previsto en la zona de Extramuros y financiado con fondos europeos. Según el colectivo, los plazos establecidos para consolidar la promoción “resultan imposibles de cumplir”, lo que pone en riesgo la financiación vinculada a los fondos Next Generation.
La organización sostiene que, a día 5 de marzo de 2026, “la promesa de viviendas protegidas, tan publicitada, es materialmente imposible que llegue a tiempo para salvar la financiación europea”. En su análisis, el calendario de la obra y el estado actual de los trabajos hacen inviable completar la promoción dentro del plazo exigido por la Unión Europea.
Desde la plataforma recuerdan que el movimiento de tierras en el solar no comenzó hasta la última semana de diciembre de 2025, tras el desalojo y demolición de la antigua Escuela del Congo, un espacio que durante años había servido como sede para diversas asociaciones de salud del municipio.
Para el colectivo ciudadano, ese inicio tardío evidencia un problema de planificación que condiciona todo el proyecto. “La aritmética de la construcción es implacable: pretender levantar estructura y acabados de 59 viviendas para junio de 2026 es una quimera técnica”, aseguran.
Incluso en el escenario de que la Unión Europea aprobara una ampliación de los plazos, posibilidad que se ha planteado en el Parlamento Europeo, la plataforma considera que el margen seguiría siendo insuficiente. “La posible prórroga de 18 meses que se baraja no solo es extremadamente difícil de conseguir, sino que, de lograrse, seguiría siendo un margen insuficiente para garantizar la entrega de unas viviendas lastradas por la mala planificación”, sostienen.
La crítica de Tarifa No Se Vende se dirige especialmente a la gestión municipal del proyecto. El colectivo considera que el inicio tardío de las obras contrasta con la urgencia que el equipo de gobierno esgrimió para justificar el desalojo de las asociaciones que ocupaban el edificio demolido.
“A finales de diciembre se procedió al desalojo y demolición exprés de un espacio de ayuda ciudadana vital bajo el pretexto de una urgencia que los datos desmienten”, señala la plataforma, que denuncia que el sacrificio de ese equipamiento social podría resultar “estéril” si finalmente el proyecto de vivienda no llega a ejecutarse en los plazos exigidos.
La organización también rechaza los argumentos que atribuyen los retrasos a factores administrativos o meteorológicos. A su juicio, estos motivos funcionan como “pretextos recurrentes” que ocultan que la iniciativa “comenzó tarde y mal”.
Además, advierten de que las exigencias técnicas vinculadas a los fondos europeos —relacionadas con sostenibilidad, eficiencia energética y certificaciones— requieren procesos que no pueden improvisarse en los últimos meses de obra.
Por todo ello, Tarifa No Se Vende considera que la ciudadanía comienza a percibir el proyecto como un “espejismo” y teme que la pérdida de los fondos europeos termine repercutiendo económicamente en el municipio.
La plataforma ha reclamado al equipo de gobierno que asuma responsabilidades y que cumpla con los compromisos adquiridos con las asociaciones desalojadas, al tiempo que acusa al ejecutivo local de haber priorizado “el escaparate político” frente a la planificación técnica de un proyecto que consideran clave para el acceso a la vivienda en el municipio.
Benítez prefiere no pronunciarse de momento
Preguntado por este diario en relación a la denuncia de la plataforma, el primer teniente de alcalde y concejal de Vivienda, Jorge Benítez ha declinado (de momento) pronunciarse al respecto. No obstante, recordamos que esta cuestión no es nueva y ya ha sido argumentada en otras ocasiones tanto por la plataforma ciudadana como por el partido socialista, como por el partido Verdes de Europa- Tarifa. Entonces y en todas las ocasiones el responsable municipal, al igual que el resto de sus compañeros de gobierno han apuntado y acusado tanto al PSOE como a la plataforma ciudadana de “tener un interés en que las viviendas no lleguen a hacerse” y de “desinformar” el propio Benítez indicó entonces que a pesar de lo que quisieran algunos, estas viviendas se haría por encima de cualquier cosa.