Nuevamente, las redes sociales anuncian proyectos urbanísticos que implican regalar patrimonio común a cambio de una hipotética mejora del frente litoral. Pero, como dice el refrán, las mentiras tienen las patas muy cortas. Cualquiera, aunque no entienda de urbanismo, puede comprender que lo que subyace detrás de toda esta operación es lo que vulgarmente se ha venido llamando un “pelotazo”.
En este caso, el pelotazo se fundamentaría en la entrega, a coste cero por parte del Ayuntamiento, de varios inmuebles de servicios a la iniciativa privada. Esto queda muy lejos de la tan cacareada colaboración público-privada. Más bien se parece al viejo timo de las estampitas: en el sobre no hay billetes, sino papeles sin valor real.
La intención de seguir adelante con una intervención de gran calado, donde el equipamiento público se pone al servicio de la iniciativa privada, resulta cuando menos sorprendente. Sobre todo después del rechazo social que han provocado este tipo de intervenciones especulativas. Deben de ser muy fuertes los intereses o los compromisos existentes para insistir en una propuesta semejante.
Los colores de la planimetría muestran con claridad que todo el frente se destinaría a suelo residencial de viviendas de renta libre. Al meter todo en una misma unidad, las viviendas de protección oficial que deberían contemplarse en estas actuaciones desaparecen de la zona cercana a la playa. Paradójicamente, las únicas que se cuentan son las ya iniciadas en el Matadero y en el antiguo colegio del Congo, además de otra en el aparcamiento de la plaza de toros.
Esto genera nuevas dudas. Tarifa ya tiene problemas de aparcamiento y, aun así, se pretende eliminar esa pequeña explanada que permite a muchos vecinos estacionar sus vehículos.
También resulta cuestionable que las VPO de este macroproyecto sean exactamente las que ya estaban previstas, sin añadir un solo metro cuadrado más. Si estas intervenciones se plantearan por separado, cada una debería reservar espacio para viviendas protegidas en su propia zona.
Y, por último, se vende como una nueva zona educativa lo que desde hace años debería ser simplemente el nuevo instituto. Nadie duda de que Tarifa necesita mejorar sus infraestructuras educativas. Pero no puede hacerse a costa de destruir lo que ya existe.
Estas propuestas darán, sin duda, mucho que hablar. Y mucho tendrán que decir también los partidos políticos de la corporación municipal. En las próximas elecciones locales deberán presentar un modelo de desarrollo urbanístico que mire por el interés del pueblo y que aleje las operaciones especulativas que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría.
Porque, además, intervenciones de este tipo se han realizado en otros lugares desde la iniciativa pública, y con un planteamiento justamente opuesto: las unidades de ejecución eran mayoritariamente propiedad del Ayuntamiento y el desarrollo lo llevaron a cabo empresas públicas, como URTASA.
Pobre Tarifa