La investigación que este miércoles llevó a la Guardia Civil a registrar dependencias de la Diputación Provincial de Cádiz tiene también una derivada que despierta interés en Tarifa. Entre las personas investigadas figura el empresario portuense Pascual Llopis Otero, quien durante varios años estuvo vinculado a la explotación de la discoteca Palo Verde, un establecimiento que protagonizó numerosos problemas administrativos antes de su cierre definitivo.
El operativo, dirigido por un juzgado de Sevilla y desarrollado bajo secreto de sumario, incluyó registros en despachos de la Diputación gaditana y en distintos negocios y propiedades del empresario en El Puerto de Santa María. Los agentes realizaron, entre otras actuaciones, el volcado de equipos informáticos y la recopilación de documentación relacionada con expedientes que forman parte de la investigación judicial, centrada en un presunto delito de blanqueo de capitales.
Desde la Diputación Provincial confirmaron la actuación de los agentes, precisando que la petición se centró en documentación vinculada a expedientes de contratos de patrocinio gestionados por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico. La institución aseguró haber colaborado plenamente con la Guardia Civil, facilitando el acceso a toda la información requerida.
Las diligencias también se extendieron a varios establecimientos hosteleros, oficinas y al domicilio particular de Pascual Llopis, un empresario ampliamente conocido en El Puerto de Santa María por su actividad en el sector del ocio, la restauración y por formar parte de la organización del festival Puro Latino.
La conexión con Tarifa
Aunque la investigación se desarrolla principalmente entre Cádiz y Sevilla, el nombre de Llopis resulta familiar en Tarifa por su etapa al frente de la sociedad Akbar Tarifa S.L., mercantil que gestionó la explotación de la discoteca Palo Verde, situada en la calle Batalla del Salado.
El local se convirtió durante varias temporadas estivales en uno de los principales espacios de ocio nocturno del municipio, especialmente entre el público joven y el turismo, gracias a una programación basada en sesiones de DJ y fiestas temáticas.
No obstante, la actividad del establecimiento estuvo marcada por continuas incidencias administrativas. El Ayuntamiento de Tarifa llegó a dictar resoluciones que impedían su funcionamiento debido a diversas irregularidades. Aunque posteriormente se promovieron actuaciones para adaptar el negocio a la normativa vigente y recuperar la actividad, la reapertura nunca llegó a consolidarse y la discoteca terminó cerrando definitivamente.
La presencia empresarial de Llopis en Tarifa también quedó reflejada en distintos expedientes municipales relacionados con licencias de obras, autorizaciones de actividad y ocupación de la vía pública tramitados por la citada sociedad.
Reacciones políticas
La actuación de la Guardia Civil ha provocado las primeras reacciones en el ámbito político provincial. El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, reclamó explicaciones y transparencia al equipo de gobierno de la Diputación tras conocerse los registros practicados en dependencias provinciales. Los socialistas consideran que, una vez se conozca el alcance de las diligencias, deberán asumirse las responsabilidades que correspondan.
Por el momento, la investigación permanece bajo secreto judicial y ni la Guardia Civil ni el juzgado instructor han facilitado información sobre el origen concreto de las diligencias ni sobre el alcance de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las mismas. Mientras tanto, el operativo sitúa nuevamente en el foco público a un empresario cuya actividad empresarial tuvo también una etapa significativa en Tarifa, donde gestionó uno de los locales de ocio nocturno —y también más controvertidos— de los últimos años.