Juanma Moreno Bonilla junto al alcalde de Tarifa durante una pasada visita de apoyo electoral realizada al municipio/S.Terán
Moreno Bonilla, candidato a presidir la Junta de Andalucía durante los próximos cuatro años, no fue investido el pasado 30 de junio por el Parlamento andaluz.
Tras el debate de investidura, y después de haber demostrado una clara sintonía con la extrema derecha, con el la que mantiene negociaciones, no consiguió el apoyo suficiente para convertirse en presidente.
Pero que nadie se engañe: todo parece una puesta en escena. Puede que todo esté pactado dentro de la estrategia general del último movimiento para llevar al PP a La Moncloa. Se comprobará cuando, definitivamente, deba ser investido o, en caso contrario, haya que convocar nuevas elecciones.
Quizá Moreno necesite ir adaptando a la opinión pública y, en especial, a quienes le votan creyendo en su moderación y su sensatez, a ese nuevo escenario. Puede que esté preparando a esos votantes que pensaban que no reduciría los derechos sociales de colectivos como el LGTBI ni cuestionaría las políticas de lucha contra el cambio climático.
Porque sí, Moreno llegó a afirmar durante el debate de investidura que está convencido de que el aumento de la temperatura del planeta es consecuencia de la acción humana; es decir, que el cambio climático existe. Sin embargo, al mismo tiempo tendió la mano a quienes previsiblemente serán sus socios de gobierno durante los próximos cuatro años y que hablan de “dictadura medioambiental”.
Difícil lo va a tener Moreno Bonilla para mantener ese perfil de moderación, de no mojarse, que —según la propia portavoz del PSOE— ha cultivado durante los últimos años.
Porque, en el fondo, Moreno Bonilla y lo que representa tienen más coincidencias con Vox que con cualquier otra fuerza política del Parlamento andaluz. Ambos no dejan de ser dos expresiones distintas del neoliberalismo aplicado a la política y coinciden en cuestiones como la reducción de impuestos, la simplificación administrativa y la desregulación de la intervención pública, tanto en el urbanismo como en otros ámbitos esenciales para la protección del medio ambiente.
Moreno ya está dando muestras de lo que pretende hacer en muchos ayuntamientos gobernados por el PP, como el de Tarifa, donde se ha apostado por la simplificación administrativa apoyándose en un socio que enarbola un discurso muy similar al de Vox. ¿Cómo puede llamarse el intento de entregar instalaciones educativas, deportivas, jardines o equipamientos públicos a la iniciativa privada a cambio de un escaso beneficio para la comunidad? Muy sencillo: facilitar que el capital campe a sus anchas sin apenas cortapisas.
De confirmarse el pacto entre el PP y la extrema derecha, los representantes de la oposición no se aburrirán durante estos cuatro años porque, con toda probabilidad, ese acuerdo llevará al Parlamento de Andalucía iniciativas políticas que pueden complicar la vida cotidiana de muchos andaluces y andaluzas.
Moreno ha conseguido, según la teoría de los tres tercios, mantener el apoyo de los sectores más privilegiados, ese tercio de la población con rentas altas que prioriza la bajada de impuestos y una menor regulación. Pero también ha logrado atraer a una parte importante de las clases medias, un electorado que busca estabilidad económica, empleo, acceso a la vivienda y una fiscalidad equilibrada, y que puede inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de la coyuntura.
Pero esto no siempre será así. Porque, si sus acuerdos con Vox terminan materializándose, ¿cómo va a explicar a la ciudadanía que la salud pública puede garantizarse privando a una parte de la población de atención sanitaria?
¿O cómo va a explicar Moreno Bonilla al conjunto de la sociedad que, en un contexto de escasez de agua y de un cambio climático cuya existencia él mismo reconoce, el modelo de desarrollo basado en el ladrillo vuelve a presentarse como la solución para la economía andaluza, especialmente en el litoral? ¿Cómo puede sostener que un modelo que ya fracasó es la respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, cuando sabemos que, precisamente, cuanto más se construye —como ocurre en nuestro pueblo— más difícil y más caro resulta comprar una vivienda?
Por no hablar de las contradicciones que supondrá su relación con sus socios de gobierno en materias como la cultura. Ya hemos visto en otros lugares cómo la presión de la ultraderecha ha provocado la suspensión de obras de teatro, conferencias y otras actividades culturales. Lo mismo ocurre con el respeto a la diversidad y a los derechos del colectivo LGTBI, cuestiones que la extrema derecha ha convertido en uno de los principales ejes de su discurso y de su estrategia propagandística.
Todas estas cuestiones, como señalaron en sus intervenciones durante el pleno de investidura los portavoces de Por Andalucía, Adelante Andalucía y el PSOE de Andalucía, requerirán no solo trabajo parlamentario. Desde mi modesto punto de vista, exigirán también una conexión permanente con la sociedad. Porque, si se sigue entendiendo que la política debe hacerse únicamente desde los despachos y los salones institucionales, su repercusión será escasa y difícilmente podrá construirse una alternativa de cara a las próximas elecciones andaluzas.
Por todo ello, lo vivido durante el debate de investidura no ha sido más que una puesta en escena por parte del PP y de quien, previsiblemente, será su socio de gobierno. En realidad, ha sido un debate ficticio.
Lo peor: ?quien nos salvara de estos pactos?