La comunidad educativa da un ultimátum a la Junta por el EOE prometido e incumplido y amenaza con endurecer las movilizaciones

La concentración de ayer reunió a familias, docentes, sindicatos y representantes políticos para denunciar la falta de recursos, la ausencia del EOE propio anunciado en mayo, los 43 menores sin plaza en la Escuela Infantil y los retrasos en actuaciones pendientes. FAMPA anuncia una manifestación para el 10 de noviembre si no hay respuestas concretas.

 

Las promesas se acumulan, los plazos pasan y las soluciones siguen sin llegar. Ese fue el mensaje que trasladó ayer la comunidad educativa de Tarifa durante una concentración convocada por FAMPA, la federación que agrupa a las ocho asociaciones de madres y padres del municipio, para exigir una respuesta efectiva a las carencias que afectan a los centros educativos. Tras meses de reclamaciones y anuncios oficiales, las familias consideran que la situación ha llegado a un punto límite y advierten de que endurecerán las movilizaciones si la Junta de Andalucía no atiende sus demandas en los próximos días.

El principal foco de indignación continúa siendo la falta de un Equipo de Orientación Educativa (EOE) propio para Tarifa, cuya creación fue anunciada y posteriormente confirmada por responsables autonómicos, pero que todavía no se ha materializado. A esta reivindicación se suman la falta de personal en la Escuela Infantil Virgen de la Luz, los 43 menores de entre cero y tres años que se han quedado sin plaza, las necesidades de apoyo educativo del alumnado y los problemas de accesibilidad que arrastran algunos centros.

La protesta no responde, según las familias, a una disputa partidista, sino a la exigencia de unas condiciones educativas dignas, inclusivas e igualitarias. Reclaman que la educación pública disponga de los medios necesarios para atender al alumnado, aliviar la carga de los profesionales y garantizar la conciliación familiar. Sin embargo, la comunidad educativa denuncia que, después de un curso anterior marcado por las movilizaciones, las interrupciones de la actividad en Educación Infantil y las reclamaciones reiteradas, la respuesta administrativa continúa sin estar a la altura de las necesidades planteadas.

 

Un equipo de orientación anunciado dos veces y todavía sin fecha

La historia del EOE propio se ha convertido en el símbolo de la frustración de las familias tarifeñas. El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció la creación de este recurso durante una visita a Tarifa, ante la iglesia de San Mateo y acompañado por representantes del Gobierno municipal, entre ellos el alcalde y la concejala de Educación. Meses después, el pasado 9 de septiembre, volvió a confirmar el compromiso durante una visita al municipio con motivo de la inauguración de la Unidad de Patología Dual de Monte Betis.

Pero el curso ha comenzado sin que el equipo esté operativo. La comunidad educativa denuncia que Tarifa continúa dependiendo de los equipos de orientación de Vejer y Algeciras, una organización que considera insuficiente para atender las necesidades de un término municipal extenso. Los desplazamientos entre centros reducen, según argumentan las familias, el tiempo disponible para atender al alumnado que necesita evaluación, orientación y recursos específicos.

La indignación se agrava porque, mientras el anuncio se ha reiterado públicamente, las familias siguen sin conocer una fecha concreta para su puesta en marcha. Durante la concentración, el alcalde de Tarifa, Pepe Santos, reconoció que no había una fecha para conseguir el EOE propio. Una respuesta que, lejos de tranquilizar a los asistentes, reforzó la sensación de incertidumbre.

La comunidad educativa cuestiona así que un compromiso presentado como una solución próxima continúe sin traducirse en un servicio real. Para las familias, el problema no es únicamente la ausencia de un equipo específico, sino las consecuencias que esa carencia tiene en la detección de necesidades educativas y en la atención que reciben los menores.

Cuarenta y tres menores sin plaza y una escuela infantil sin personal suficiente

La situación de la Escuela Infantil Virgen de la Luz fue otra de las cuestiones centrales de la concentración. Según las reclamaciones trasladadas por las familias, 43 niños y niñas de entre cero y tres años se han quedado sin plaza este curso, una circunstancia que afecta a su acceso a la educación temprana y dificulta la conciliación de sus familias.

A este problema se suma la falta de personal del centro. La información actualizada facilitada por el AFA Adarve señala que permanecen sin cubrir cuatro puestos: dos técnicos, una limpiadora y una educadora. Las familias vienen denunciando estas carencias desde antes del inicio del curso y reclaman que se incorporen los profesionales necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de la escuela.

La protesta de ayer volvió a poner sobre la mesa una demanda que las asociaciones consideran inaplazable: que la Administración deje de anunciar posibles respuestas y cubra las necesidades existentes. Las familias rechazan que la educación de los más pequeños quede condicionada por la falta de previsión o por retrasos administrativos y exigen que la escuela infantil sea atendida como un centro educativo, con los recursos humanos y materiales correspondientes.

 

Accesibilidad pendiente en el CEIP Nuestra Señora de la Luz

La falta de soluciones no se limita a la orientación educativa y a la primera infancia. Durante la concentración también se abordó la situación del CEIP Nuestra Señora de la Luz, donde la instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad lleva años siendo una reivindicación pendiente.

El alcalde confirmó que la empresa adjudicataria de la obra ha abandonado los trabajos sin concluirlos, por lo que la actuación continúa sin resolverse. La comunidad educativa reclama que se garantice la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y que no se prolongue una situación que limita el acceso en condiciones adecuadas a las instalaciones educativas.

También persiste la preocupación por las aulas prefabricadas de Bolonia, cuya ampliación se considera necesaria. Según se expuso durante la concentración, el proyecto se ha prolongado en el tiempo sin que se hayan producido avances suficientes y, denuncian las familias, apenas se ofrecen explicaciones sobre su futuro.

El resultado es un conjunto de necesidades que afecta a distintas etapas y centros, desde la escolarización de cero a tres años hasta la orientación del alumnado, los apoyos especializados y la accesibilidad. Para los convocantes, esta acumulación de problemas demuestra que no se trata de una incidencia aislada, sino de una situación que requiere una respuesta global.

 

Docentes y familias toman la palabra

La concentración contó con la participación de familias, profesionales educativos, sindicatos y representantes de distintas formaciones políticas. Fueron docentes y familiares quienes intervinieron para trasladar sus experiencias y explicar cómo la falta de recursos repercute en la actividad cotidiana de los centros, en la atención a los menores y en las posibilidades de conciliación.

Sus testimonios pusieron el foco en las consecuencias concretas de las carencias: alumnado que espera valoraciones, niños que necesitan apoyos específicos, profesionales que deben afrontar su trabajo con recursos insuficientes y familias que siguen sin una solución para escolarizar a sus hijos.

La comunidad educativa sostiene que estas demandas no son caprichos ni exigencias políticas, sino necesidades básicas para que el sistema funcione con normalidad. La protesta pretendía precisamente trasladar esa realidad más allá de los expedientes y los anuncios institucionales, dando voz a quienes conviven diariamente con los problemas.

El alcalde intenta reivindicar su papel y parlamentarias andaluzas describen la desatención como un plan de desmantelamiento de lo Público

El alcalde, Pepe Santos, intervino para defender la gestión del Gobierno municipal y el trabajo realizado en apoyo de las reivindicaciones educativas. Sin embargo, las explicaciones ofrecidas no despejaron las principales incógnitas: además de no poder concretar cuándo estará operativo el EOE propio, tampoco pudo anunciar una fecha para resolver las carencias de personal de la Escuela Infantil Virgen de la Luz. A ello se sumó la confirmación de que la obra del ascensor del CEIP Nuestra Señora de la Luz permanece sin terminar tras la marcha de la empresa adjudicataria.

Las parlamentarias andaluzas Esperanza Gómez, de Por Andalucía, y Leti Blanco, de Adelante Andalucía, cuestionaron la respuesta de la Administración autonómica y defendieron que los problemas educativos de Tarifa no pueden entenderse como una suma de incidencias puntuales. Ambas atribuyeron la situación a las políticas de la Junta, gobernada por el Partido Popular y Vox, y denunciaron lo que consideran un abandono progresivo y el decidido “plan de desmantelar la educación pública” en favor de la iniciativa privada.

Sus declaraciones elevaron el tono político de una concentración cuyo eje central, según insistieron las familias, es la defensa de los recursos educativos que necesita el municipio. La comunidad educativa reclama que las distintas administraciones dejen a un lado los reproches y concreten medidas, plazos y recursos para resolver las carencias denunciadas.

Ultimátum y nueva manifestación el 10 de noviembre

Tras la concentración, la comunidad educativa ha decidido conceder a la Junta un plazo de pocos días para ofrecer una respuesta efectiva. Si no se producen avances concretos, FAMPA Tarifa advierte de que las movilizaciones se intensificarán.

La federación tiene solicitada y autorizada una manifestación para el próximo 10 de noviembre, que recorrerá distintos puntos del municipio. El itinerario previsto partirá del colegio de la Playa, continuará por el Paseo Marítimo junto al IES Almadraba (de donde los planes del gobierno y Gran Parcela pretenden trasladarlos a una nueva ubicación) pasará también por delante del colegio Guzmán y concluirá ante la Escuela Infantil Virgen de la Luz que la administración autonómica pretende mantener más como una mera guardería que como un centro educativo. La marcha pretende visibilizar el alcance de las reivindicaciones y reclamar soluciones para los distintos centros afectados.

El mensaje trasladado ayer fue de agotamiento, pero también de unidad. La comunidad educativa sostiene que ha agotado buena parte de las vías de reclamación y que no está dispuesta a aceptar que los compromisos continúen sin fecha ni resultados. La exigencia es que la Junta concrete la puesta en marcha del EOE, cubra las vacantes de personal, dé una salida a los 43 menores sin plaza y resuelva las necesidades de accesibilidad y apoyo educativo.

La concentración dejó, en definitiva, un ultimátum a la Administración autonómica y una advertencia al conjunto de las instituciones: las familias quieren respuestas verificables, no nuevos anuncios. Para FAMPA y los participantes, la educación pública no puede sostenerse sobre promesas que se prolongan de un curso a otro mientras los problemas siguen afectando al alumnado. Si no hay avances, la calle volverá a ser el escenario de una reivindicación que las familias consideran esencial para el presente y el futuro educativo de Tarifa.

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