Desde una perspectiva colectiva, no hay comparación entre quienes han defendido el interés común y quienes, como Bonilla, han ido creando condiciones que favorecen la existencia de privilegios financiados con dinero público. El Gobierno de España ha apostado por fortalecer los servicios públicos, mientras que el modelo andaluz prioriza medidas fiscales y una mayor colaboración con el sector privado.
Cuando los vientos soplan a favor de un determinado partido político, es muy difícil que las cosas cambien, a pesar de los pesares. Porque, cuando los vientos soplan a su favor, los fallos de esos grupos suelen ser minimizados por una parte importante de la opinión pública, gracias a que los medios de comunicación lavan la cara de acciones que van contra el interés común.
La cascada de primeras piedras hacía presagiar que las elecciones se acercaban. Pero, de cara a las mismas, la gente de a pie debería tener en cuenta que, como dice la canción, en ocasiones nos hacen ver las cosas de forma distinta a como son.
Un ejemplo: a Pedro Sánchez se le ha tachado de “okupa”, de liderar un gobierno ilegítimo, etc., porque recibió más apoyos parlamentarios que Feijóo para ser investido presidente (aunque el PP ganó las elecciones sin mayoría). Pues bien, Moreno Bonilla también llegó a la presidencia de la Junta con el apoyo del ya desaparecido partido Ciudadanos, a pesar de que no fue el partido más votado, y nada de esto ocurrió.
Igualmente sucede con la protección social. El gobierno de coalición progresista ha desplegado, en cada crisis que le ha tocado afrontar, una serie de medidas conocidas como “escudo social”, dirigidas a proteger a los sectores más vulnerables y a reforzar los servicios públicos. Por su parte, Bonilla ha basado estas políticas especialmente en la bajada de impuestos, que suele beneficiar en mayor medida a los más poderosos.
Si por algo se ha caracterizado el Gobierno progresista de España es por desplegar políticas en defensa de los servicios públicos basadas en una mayor inversión pública, la universalización de derechos (sanidad, ayudas sociales), la protección de servicios básicos en situaciones de crisis y el rechazo a las privatizaciones.
En sanidad, el gobierno progresista de Sánchez ha llevado a cabo la restauración de la sanidad universal (incluyendo a inmigrantes en situación irregular), el aumento del gasto sanitario y de las transferencias a las comunidades autónomas, y el refuerzo del sistema tras la COVID-19 (más recursos, personal y coordinación). En cambio, el gobierno de Moreno Bonilla ha aumentado los conciertos con la sanidad privada (derivación de pacientes), ha incrementado las listas de espera y mantiene una falta de personal en la sanidad pública, lo que ha propiciado fallos en el sistema, como los relacionados con los cribados de cáncer de mama.
En educación, mientras el gobierno progresista de España ha incrementado la financiación a las comunidades autónomas, impulsado la Formación Profesional (FP) con la creación de nuevas plazas y ampliado las becas y ayudas al estudio, entre otras medidas, el gobierno de Bonilla en la Junta ha incrementado los fondos a la educación concertada, mantiene una inversión insuficiente en la educación pública y genera problemas en ratios de alumnos y recursos.
Desde una perspectiva colectiva, no hay comparación entre quienes han defendido el interés común y quienes, como Bonilla, han ido creando condiciones que favorecen la existencia de privilegios financiados con dinero público.
