Por María Amor León

Hace tiempo que hemos incluido la palabra igualdad en nuestro vocabulario. Sin embargo, a este término, sinónimo de justicia social, no se le da la misma importancia cuando se refiere a la igualdad de las personas con movilidad reducida.
A veces me pregunto qué pasaría si una persona de otro colectivo tuviera la entrada prohibida a un establecimiento. ¿Qué haría la sociedad en ese caso? La respuesta es bien sencilla: se echarían las manos a la cabeza, la indignación invadiría a la ciudadanía y pondrían el grito en el cielo. «¡Es intolerable!», «¡No se puede consentir!», «¡Todos somos iguales!», dirían, y con toda la razón.
En cambio, esa misma situación, vivida día a día por quienes nos desplazamos en silla de ruedas, genera en quien la observa, la produce o la consiente un comportamiento radicalmente opuesto al descrito anteriormente. Una actitud impasible e indolente que se traduce en mirar para otro lado, porque da igual que queramos entrar en un establecimiento y tengamos que pasar de largo porque este tiene, en lugar de una rampa, un escalón; porque no importa que tengamos que depender de otra persona que entre por nosotros mientras nos quedamos esperando en la puerta.
Y es que yo me sigo preguntando: ¿qué valores han sido transmitidos a quienes advierten esta forma de exclusión y no se indignan? ¿Qué valores han recibido quienes producen esta discriminación y no cumplen con su responsabilidad de evitarla? ¿Qué valores tienen quienes, teniendo la obligación —y no me refiero a la obligación moral, sino a aquella que se deriva del cargo que se ostenta— de abolir estas situaciones de desigualdad, no lo hacen sirviéndose de excusas?
Quizá hayan recibido una educación basada en los prejuicios, en infravalorar a quienes la vida les ha designado una silla de ruedas como compañera. Quizás su educación considere que la igualdad se divide en categorías y que la que concierne a quienes tenemos movilidad reducida pertenece a la última y más ínfima de ellas.
Pues bien, ya es hora de que asuman que, efectivamente, todos somos iguales sin excepción; que la igualdad abarca también a nuestro colectivo; que ninguna persona debe ser excluida. Es el momento de que cada cual haga lo que le corresponde: unos, exigir el cumplimiento de la ley; otros, acatarla. Porque ya es hora de que la sociedad asuma, de una vez por todas, su responsabilidad de incluir a la diversidad.

La inclusión no es opcional. Cuando un escalón veta la entrada a una persona, no es la arquitectura la que falla; es el Estado, la ley y la empatía colectiva las que quedan fuera