La reclamación, que ronda los 2.000 euros por trabajador, enfrenta a cuatro empleados —tres de ellos prejubilados por motivos de salud— con una de las empresas con mayor volumen económico de la provincia. Mientras ellos reclaman lo que consideran un derecho reconocido en convenio, denuncian que la compañía continúa aplazando una solución.
La historia de cuatro trabajadores de Almadrabas de España S.A. se ha convertido, con el paso del tiempo, en una lucha que muchos ya comparan con un auténtico David contra Goliat. Desde hace más de dos años mantienen una reclamación por el cobro de un plus de capturas correspondiente a 2024, una cantidad que, según sostienen, les corresponde conforme al convenio colectivo.
Frente a ellos se encuentra una de las empresas más importantes del sector pesquero gaditano, dedicada a la captura del atún rojo salvaje y con una actividad que mueve millones de euros cada campaña. Precisamente ese contraste es el que centra buena parte de la denuncia de los afectados: mientras cuatro trabajadores pelean durante años por unas cantidades que consideran esenciales para la economía de sus hogares, la empresa, según denuncian, no ha mostrado voluntad de alcanzar un acuerdo.
La cantidad reclamada ronda los 2.000 euros por trabajador. Una cifra modesta para una compañía de la dimensión de Almadrabas de España, pero de gran importancia para quienes dependen de ese dinero. Tres de los cuatro demandantes se encuentran prejubilados por motivos de salud, circunstancia que, según explican, hace aún más necesaria la percepción de unas cantidades que entienden forman parte legítima de su salario.
El conflicto debía haber vivido un capítulo decisivo el pasado 29 de junio, fecha fijada para la celebración del juicio por reclamación de cantidades. Sin embargo, la vista tuvo que ser aplazada debido a un requisito formal que deberá subsanarse antes de que pueda señalarse una nueva fecha.
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo. Más de dos años después del inicio del conflicto, los trabajadores aseguran mantener una postura abierta al diálogo, aunque lamentan que los intentos de negociación no hayan fructificado hasta ahora.
Este caso ya fue denunciado públicamente en mayo de 2025, por el comité de empresa, que acusó a la dirección de incumplir determinadas cláusulas del convenio colectivo relacionadas con el pago del plus de capturas y criticó la falta de respuesta a las distintas propuestas de diálogo. El órgano de representación de los trabajadores calificó entonces de “irrisoria” la cuantía reclamada para la empresa, pero “fundamental” para la subsistencia de las familias afectadas, lamentando que el conflicto hubiera terminado en los tribunales.
La empresa no ha hecho pública su versión sobre este conflicto. En anteriores ocasiones, distintos medios intentaron recabar la posición de la dirección sin obtener respuesta.
Más allá del procedimiento judicial, el caso pone sobre la mesa una realidad que trasciende los juzgados. Cuatro trabajadores continúan reclamando, por la vía legal, unas cantidades que consideran les pertenecen por derecho. Del otro lado, una empresa de gran capacidad económica mantiene una posición que, según denuncian los afectados, prolonga innecesariamente un conflicto cuya resolución tendría un impacto mínimo para la compañía, pero supondría un alivio importante para cuatro familias que llevan más de dos años esperando lo que entienden que les corresponde.
A la espera de una nueva fecha para el juicio o de un posible acuerdo extrajudicial, la batalla continúa. Una batalla desigual en la que, al menos por ahora, cuatro trabajadores siguen enfrentándose a un gigante empresarial en defensa de lo que consideran una cuestión de justicia y dignidad laboral.