El Ayuntamiento respalda por unanimidad un nuevo procedimiento para sacar adelante la promoción, apenas unas semanas después de aprobar también por unanimidad la primera licitación. El PSOE advierte del riesgo de perder los fondos europeos si no se garantiza el inicio de los trabajos antes del 31 de diciembre y reclama que el proyecto no acabe suponiendo un perjuicio para las arcas municipales.
Momento de la votación durante la sesión plenaria de ayer/RTVT
El Pleno del Ayuntamiento de Tarifa ha aprobó ayer por unanimidad la adjudicación a Soluciona Obras y Servicios SLU de las obras de construcción de las 59 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social previstas en la zona de Extramuros. El contrato asciende a 5.408.864,03 euros, IVA incluido, y contempla una reducción del plazo de ejecución de los 18 meses inicialmente previstos a 15. La dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud han sido adjudicadas a TG4 Consultores por 156.111,11 euros.
La aprobación supone un nuevo avance administrativo para una promoción especialmente relevante ante la necesidad de vivienda asequible en Tarifa, pero también vuelve a situar el foco sobre los continuos movimientos del expediente y, especialmente, sobre el cumplimiento de los plazos que condicionan la financiación europea. Y es que esta nueva adjudicación llega después de que, el pasado 3 de septiembre, el Pleno aprobara también por unanimidad la primera licitación de las obras. Ahora, el Ayuntamiento plantea un nuevo procedimiento con el que pretende garantizar la continuidad de una actuación que acumula dificultades administrativas y cuyo calendario resulta determinante.
Las 59 viviendas, que supondrán recuperar la promoción municipal de vivienda protegida después de doce años sin nuevas construcciones, cuentan con financiación procedente de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su ejecución está condicionada a dos fechas ineludibles: el inicio de las obras antes del 31 de diciembre de 2026 y su finalización antes del 31 de mayo de 2028.
Precisamente, el primero de esos compromisos fue el principal motivo de las advertencias planteadas por el PSOE durante el debate plenario. Los socialistas reclamaron garantías de que los trabajos comenzarán dentro del plazo exigido para no poner en peligro la subvención y evitar que un eventual incumplimiento termine trasladando las consecuencias económicas a las arcas municipales.
La preocupación de la oposición se fundamenta en que el calendario presentado por la empresa adjudicataria sitúa el inicio de los trabajos el 1 de febrero de 2027, una fecha posterior al límite establecido para mantener la financiación europea. Frente a esta circunstancia, el equipo de Gobierno defendió que los trámites administrativos previos permitirán acreditar formalmente el comienzo de la actuación antes de finalizar 2026. También se ha previsto una cláusula suspensiva para evitar que el Ayuntamiento contraiga compromisos económicos si no llegan a cumplirse las condiciones exigidas para el inicio y la financiación del proyecto.
Aunque la aprobación salió adelante por unanimidad, el debate no estuvo exento de tensión. Las observaciones del PSOE, realizadas desde su labor fiscalizadora como grupo de la oposición, fueron recibidas con formas especialmente beligerantes por parte de la edil de Nuevos Aires (NAT), Celia Rico. Sin embargo, el respaldo unánime al nuevo expediente evidencia que las advertencias sobre los plazos no se han traducido en un bloqueo político de la iniciativa. La oposición ha apoyado la tramitación con el objetivo de que las viviendas puedan salir adelante, al tiempo que exige garantías sobre su viabilidad económica y administrativa. “Queremos que se hagan las máximas viviendas protegidas, pero que se hagan bien, sin comprometer las arcas municipales”, ha expresado a este medio el portavoz socialista, Francisco Ruiz.
Por su parte, el alcalde defendió la importancia de la promoción y destacó que se trata de las primeras viviendas protegidas impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos doce años. Según trasladó, alcanzar esta fase ha exigido superar numerosas dificultades y desbloquear un proyecto que considera fundamental para ofrecer oportunidades de acceso a una vivienda digna y asequible a jóvenes y familias de Tarifa.
Nuevos Aires también celebró la aprobación de la adjudicación y el avance de una promoción que considera necesaria, aunque aprovechó para cuestionar la gestión de los anteriores gobiernos socialistas. Desde la formación se preguntó por qué, si las subvenciones estaban disponibles desde 2022, el PSOE no puso en marcha el proyecto durante su etapa de gobierno. NAT agradeció igualmente el trabajo realizado para alcanzar la actual fase de tramitación.

El precedente del antiguo Matadero aumenta la preocupación
El riesgo asociado al calendario de Extramuros adquiere mayor relevancia después de que el mismo Pleno abordara la renuncia a una subvención superior a los 2,33 millones de euros destinada a construir otras 38 viviendas protegidas en el antiguo Matadero. En este caso, el Ayuntamiento ha reconocido las dificultades para cumplir los plazos exigidos y ha optado por renunciar a esos fondos, aunque el Gobierno local asegura que mantiene su intención de desarrollar la promoción mediante otras vías de financiación.
El PSOE lamentó que esta segunda actuación haya perdido ya la subvención europea y atribuyó esa situación a la incapacidad del actual equipo de Gobierno para materializar el proyecto dentro de los plazos establecidos.
Con este antecedente, la nueva adjudicación de Extramuros no despeja por completo las incertidumbres. La aprobación unánime constituye un respaldo político a la continuidad del expediente, pero no elimina la obligación de acreditar que las obras comenzarán en tiempo y forma. Los 5,4 millones de euros de inversión y, sobre todo, la financiación europea que sostiene la promoción mantienen sobre el Ayuntamiento la presión de un calendario cuyo incumplimiento podría convertir el proyecto en un problema económico para las arcas municipales.
Más allá de los reproches entre formaciones y de las responsabilidades que cada una atribuye a los gobiernos anteriores, el reto inmediato es que las 59 viviendas de Extramuros dejen de acumular trámites y se conviertan en una realidad. La unanimidad del Pleno ofrece respaldo político al nuevo procedimiento; ahora corresponde al Gobierno municipal acreditar que también puede ofrecer garantías suficientes para que la financiación no se pierda y el coste de los retrasos no termine recayendo sobre los vecinos de Tarifa.

