De cara al veintinueve de noviembre

Se han convocado elecciones a las Cortes Generales. Frente a las anteriores elecciones, en las que las izquierdas y su electorado se movilizó ante la posibilidad de que el Partido Popular ganara pactando con Vox, en esta ocasión se da por hecho que esa posibilidad es una certeza si suman mayoría, como ocurre en varias comunidades autónomas y en municipios y diputaciones.

Por ello, existe la posibilidad de que la extrema derecha pueda legislar en el ámbito estatal e impulsar un modelo social exclusivo, reservado a determinados sectores de la sociedad, donde el poder adquisitivo, la posición social o los privilegios determinen las oportunidades de cada persona. Y, al mismo tiempo, excluyente, porque establecerá mecanismos, barreras o políticas que dejarán fuera a determinados colectivos, dificultando o impidiendo su participación en igualdad de condiciones.

La extrema derecha y sus líderes internacionales, como Trump o Milei, apuestan por aligerar el Estado y revisten esa propuesta de libertad. Pero se trata de libertad para unos pocos, que podrán seguir enriqueciéndose mientras la brecha entre ricos y pobres se dispara.

Son partidos a los que les sobran las ayudas para las personas con discapacidad y que consideran que las pensiones deben ser más privadas que públicas, con las consecuencias que ya se han podido comprobar en Paraguay. También defienden que la educación hay que pagarla. Ahí está la diferencia: quien más tiene tendrá más posibilidades de acceder a los servicios educativos, debilitando uno de los ascensores sociales que más igualdad y desarrollo ha traído: la enseñanza pública.

Consideran, además, que la gente se jubila demasiado pronto y que debería trabajar hasta los 70 años o cobrar una pensión mínima que la obligue a seguir trabajando de manera infrahumana para llegar a fin de mes. Y si necesitas tratamientos caros, tienes dos opciones: hipotecarte para toda la vida y gastar tus ahorros, o quedarte sin la ayuda necesaria. Una clara diferencia con nuestro todavía sistema sanitario, que, por ejemplo, en un tratamiento oncológico trata a todo el mundo igual, independientemente de su cartera.

Este modelo de sociedad también se manifiesta en el ataque a las minorías más vulnerables, especialmente a las personas migrantes. Son partidos que niegan la violencia machista o el cambio climático y ponen la defensa de los toros y la caza por encima de la sanidad.

En definitiva, defienden una sociedad donde la inmensa mayoría trabaje para sobrevivir y una minoría siga enriqueciéndose. Una sociedad que puede acabar en esa distopía que muchas películas nos auguran, en la que la humanidad será sustituida por una tecnología al servicio de una élite, capaz de producir mensajes basura que consumirá una mayoría sin educación en condiciones y, por tanto, sin espíritu crítico.

Frente a ello, el discurso capaz de aglutinar a las fuerzas progresistas debería haber sido un programa de mínimos para evitar una regresión en derechos sociales. Habría que reflexionar sobre lo sucedido en Estados Unidos, donde una amalgama de perfiles políticos ha dado el sorpasso al trumpismo: un frente amplio social en el que conviven personas muy diversas, desde un pastor metodista y una líder indigenista hasta personas que muestran con naturalidad su homosexualidad, indígenas y latinas. También hay perfiles políticos distintos: desde posturas más a la izquierda, que se consideran socialistas, hasta otras más socialdemócratas e incluso de un progresismo sin más.

En España se tendría que haber aprendido la lección y negociado una propuesta programática mínima para todas esas siglas, desde los espacios más radicales de la izquierda hasta la izquierda más nacionalista. No habría importado quién defendiera ese programa en el Congreso: habría marcado las líneas maestras de un grupo confederal o federal a la izquierda del PSOE.

Pero ha sido imposible y, nuevamente, una multiplicidad de siglas estará presente en las papeletas. Esto ha provocado que muchos votantes progresistas consideren que su voto útil es el que pueda frenar a las fuerzas reaccionarias. Quizás el PSOE sea el más beneficiado, pues tiene más posibilidades de obtener diputados en provincias pequeñas. Eso hace que mucho electorado situado a su izquierda se plantee votarlo como último recurso, ante la falta de un proyecto aglutinador e ilusionante de los partidos de izquierda.

Todo quedará despejado la noche del 29 de noviembre. Mientras tanto, a las personas progresistas que quieren una sociedad inclusiva e integradora solo cabe decirles que no dejen de votar a partidos que defiendan el Estado del bienestar y se enfrenten a los recortes sociales, tanto en los servicios públicos como en los derechos conseguidos.

Muchas personas que no militan en ningún partido tienen claro que una sociedad del siglo XXI no puede ser exclusiva y excluyente. Siempre he pensado que una inmensa mayoría sabe que, si le privatizan la pensión, puede quedarse en la ruina. Es evidente que muchos tenemos un familiar, un amigo o un conocido que ha elegido libremente su forma de vivir la sexualidad y no debe ser excluido. También compartimos la empatía hacia quienes presentan una situación de dependencia y necesitan ayuda. Sabemos que la sanidad pública es uno de los mayores bienes que tenemos y debemos conservar, del mismo modo que la inmensa mayoría ha estudiado en colegios, institutos e incluso universidades públicas. Todo ello representa a una amplia mayoría social frente a esa minoría que busca rentabilidad en la vida y beneficios para unos pocos.

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alfonso
alfonso
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2 horas

cambien ya el nombre de esta página, en lugar de Tarifa al día pónganle PSOE al Dia