Los concejales de Nuevos Aires Tarifa defienden su gestión y lamentan el daño moral sufrido por una acusación que califican de “infundada”. La otra parte advierte que el sobreseimiento es provisional y sostienen que el documento público fue alterado creando un “peligrosos precedente y sustentado en unas firmas que no se produjeron”.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras ha emitido un auto de “desestimación provisional” en la causa abierta por presunta falsificación de documento público relacionada con el Plan de Playas de Tarifa, según lo confirmado a través de nota de prensa por Nuevos Aires Tarifa. Sin embargo a los requerimientos de disponer del auto en cuestión, desde el partido localista no se facilitó (como suele ser lo normal) el auto referido.
La denuncia fue presentada por varios funcionarios municipales al considerar que se habían utilizado sus firmas sin consentimiento en un borrador técnico destinado a la instalación de un área deportiva en la playa de Los Lances. Y si bien la parte denunciada ante la desestimación provisional ha querido quitar hierro al asunto achacando a que se actuó con intenciones de dotar de equipamiento a las playas, la parte denunciante subraya: “lo importante en sí no es que se quieran poner equipamientos, sino que se alteró un documento oficial, lo que podría crear un peligroso precedente”, poniendo como ejemplo modificaciones en cualquier futuro plan urbanístico.
Según ha podido confirmar Tarifa al día, el auto no es definitivo y contra él cabe recurso de apelación, trámite éste que ya ha sido iniciado por la parte denunciante. De hecho desde la parte denunciada se apunta a que el procedimiento “aún no ha concluido” y que el caso “mantiene recorrido judicial”.
Algunos de los funcionarios implicados precisan que no intervinieron como parte acusadora directa, sino que pusieron en conocimiento de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil la presunta irregularidad detectada, tras lo cual se inició la investigación y la posterior apertura de diligencias judiciales, entendiendo que “algo presuntamente delictivo tuvieron que ver para abrir una causa judicial”.
Desde el ámbito político, los ediles de Nuevos Aires Tarifa (NAT), formación a la que pertenecen los responsables municipales investigados, han mostrado su satisfacción por la resolución judicial y su malestar por las consecuencias personales y públicas del proceso.
La concejala de Deportes, Celia Rico, ha sido especialmente contundente al valorar el auto judicial que ha apuntado como de “instigación personal” por parte de los funcionarios. “Nuestro único delito ha sido querer que nuestros vecinos practiquen deportes en la playa. La denuncia presentada y ahora desestimada es un insulto a la razón y a nuestros vecinos”, declaró.
Rico defiende que “desde el principio se sabía que aquello no se sostenía”, asegurando que el documento cuestionado “era un simple borrador sin valor oficial” y que el objetivo del proyecto era “facilitar a los tarifeños espacios deportivos básicos en la costa, como porterías o redes”.
Su colaboradora y cargo de confianza, Mª Luz Mota, añadió que el procedimiento judicial también afectó a profesionales externos que colaboraron altruistamente: “Tuvo que declarar un técnico de una empresa que nos ayudó gratuitamente a adaptar el proyecto a la normativa. En lugar de valorar su apoyo, se respondió con una denuncia que solo retrasa el desarrollo de Tarifa”, lamentó.
El primer teniente de alcalde y concejal de Turismo y Vivienda, Jorge Benítez, se sumó a las críticas y mostró su respaldo a ambas responsables municipales. “El daño moral que esta denuncia ha provocado es enorme, y también el perjuicio a nuestros vecinos, que podrían disfrutar de las instalaciones deportivas desde hace un año si no se hubieran puesto tantas trabas”, señaló.
La denuncia generó un importante debate político en el Ayuntamiento de Tarifa. El PSOE y Ganar Tarifa reclamaron entonces públicamente la ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Popular y NAT, y pidieron responsabilidades políticas ante los hechos denunciados. Por su parte, el Partido Popular anunció la apertura de un expediente informativo interno para esclarecer lo ocurrido, aunque sin concretar plazos y del que nada se sabe aún.
A la espera de que se resuelva el recurso de apelación, la causa sigue abierta y mantiene la atención del ámbito político y administrativo local. Mientras tanto, los concejales de NAT reivindican su inocencia y confían en que “la justicia ponga fin definitivamente a una acusación tan dañina como infundada”. Y de paso mantienen la línea acusatoria y de señalamiento hacia el funcionariado.
Ayuda a un agente externo con intereses en el proyecto, agente externo y politicos que alteran un expediente sin informar de ello a los funcionarios que lo cursaron y, piden ayuda a una persona ajena al funcionariado porque los funcionarios no quieren trabajar.
Esto tiene solo 2 vertientes, o están los políticos empanados y no saben lo que hacen, o si lo saben y querían alterar el plan.
Si se ha desestimado será por falta de pruebas, no porque sean inocentes.