El proyecto sobre un suelo urbanizable que quedó blindado y vetado a la construcción en 2015 por el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) ha podido seguir aspirando a llevarse a cabo, gracias a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (ratificado en el 2018 por fallo del Tribunal Supremo) desestimó el Plan de Protección al estimar que el mismo se aprobó cuando el Gobierno de la Junta estaba en funciones. Cuenta con el rechazo de formaciones políticas, grupos ecologistas y plataformas ciudadanas.
Sobre el plano, entre el círculo la promoción urbanística en el SOU.LI-01 Los Lances, junto a otras promociones planteadas en el avance del PGOU/TAD
El BOJA publicó ayer el edicto de “la aprobación inicial y sometimiento a información pública de la modificación del plan parcial de ordenación del sector SUO-LI-01 «Los Lances» (antiguo sector SL-3)” cuyo visto bueno dio el Consistorio (PP y NAT) mediante Decreto de la Alcaldía número 3289, de fecha del 13 de diciembre del 2024.
El documento es un paso hacia la consolidación de un megaproyecto urbanístico enclavado en más de 600.000 metros cuadrados en el noroeste de la N-340 frente a la zona de Los Carriles y zona recreativa de Los Pinos, lo que fue en su día ‘llano amarillo’ para el prembarque hacia Marruecos y terrenos municipales con los que el Ayuntamiento de Juan Andrés Gil condonó la deuda histórica de 1.800 millones que la administración local mantenía con la entonces Caja de Ahorro de San Fernando. Allí la intención es la de levantar unas 824 viviendas y 1.678 plazas de hotel.
El proyecto urbanístico persigue la consolidación de un modelo urbanístico descentrado y muy contrario a nuevos desarrollos urbanísticos planteados por grupos ecologistas (AGADEN-EA, o Verdemar y Ecologistas en Acción), la ‘Plataforma Tarifa no se vende’ o anteriores gobiernos que planteaban modelos más cercanos al núcleo urbano, y adaptados a las necesidades reales del municipio. De hecho, el gobierno de PSOE y Ganar Tarifa repitió e incluso replanteó otros proyectos urbanísticos bajo el lema de “Los proyectos deben de adaptarse a Tarifa y no Tarifa a los proyectos”. De hecho el entonces alcalde (Francisco Ruiz) cuando el proyecto volvió a reactivarse en el 2019 apuntó a que no comulgaba con ese modelo y más con uno continuo al núcleo urbano, matizando que “no podía negarse a la tramitación macada por la normativa, insistiendo en que llegado el momento propiciaría un trámite “con garantías de participación y transparencia”. Ahora la reactivación de este proyecto revive modelos y planes urbanísticos que en su conjunto y basados en el caduco modelo de PGOU del 90 y basado en un Plan Parcial de 2004 podría urbanizar un total de 3.575.355 metros cuadrados a través de hasta cinco proyectos urbanísticos a lo largo y ancho del litoral y su alrededor entre Valdevaqueros y Los Lances.
El proyecto sobre un suelo urbanizable que quedó blindado y vetado a la construcción en 2015 por el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) ha podido seguir aspirando a llevarse a cabo, gracias a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (ratificado en el 2018 por fallo del Tribunal Supremo) desestimó el Plan de Protección al estimar que el mismo se aprobó cuando el Gobierno de la Junta estaba en funciones.
Rechazo de grupos ecologistas
Ahora este proyecto a través del edicto que publica su resumen ejecutivo; su estudio ambiental estratégico y resumen no técnico del mismo; la memoria resumen para la evaluación del impacto en la salud; el estudio acústico, presentado promovido por la correspondiente junta de compensación se abre a información pública mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y, potestativamente, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por un periodo de cuarenta y cinco días hábiles para su examen y la presentación de alegaciones durante dicho periodo, a cuyo efecto dicha modificación del plan parcial estará disponible para su consulta en la página web oficial https://www.aytotarifa.com/notice-category/urbanismo-informacion-publica del Ayuntamiento de Tarifa, que podrá ser vista en la Biblioteca Municipal de este Ayuntamiento, entre las 11:30 y las 13:30 horas, previa cita concertada telefónicamente en el 956 684 186 extensión 531.
El anuncio reactivará los rechazos al mismo, que fundamentalmente parten de las asociaciones y grupos ecologistas que ya en el 2018 alertaban, como AGADEN-EA, que este proyecto “pretende rescatar un modelo urbanístico obsoleto y fiel reflejo del modelo especulativo y expansivo que ha provocado enormes impactos ambientales y territoriales y que nos llevó a la peor crisis económica de la democracia”.
Para AGADEN-EA, la tramitación no debe seguir adelante por entre varios motivos “estar basado en un plan parcial aprobado en 2004 y con un plazo de ejecución de seis años que ha prescrito. Los ecologistas, que presentaron un total 47 sugerencias para que se tengan en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental, advirtieron que recurrirían este proyecto ante los Tribunales, por “vulnerar normativas urbanísticas y medioambientales, y promover una urbanización desmesurada e injustificada sin someterse al preceptivo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica”.
La Plataforma Tarifa no se vende reclama el derecho a una vivienda sobre intereses económicos y especulativos de promotoras
Esta reactivación de un macroproyecto urbanístico amenazante al litoral tarifeño sucede cuando ayer mismo la ‘Plataforma Tarifa no se vende’, exigía al Ayuntamiento la aplicación de la normativa sobre vivienda protegida en las nuevas construcciones, por encima de intereses económicos de promotoras urbanísticas, para garantizar “la vivienda como derecho fundamental que en Tarifa ha pasado a ser una fantasía para la mayor parte de la población, siendo hoy en día un objeto de especulación y de inversión para obtener rentabilidad”.
En plena guerra de propuestas sobre la vivienda del Gobierno y el PP, la plataforma ciudadana recuerda que “el artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho” y exige al Ayuntamiento que las nuevas promociones de viviendas y nuevas urbanizaciones cumplan con el Reglamento General de la ley, en su artículo 83, especifica que conforme al artículo 61.5 de la Ley, en los ámbitos de las actuaciones de nueva urbanización se reservará, como mínimo, el treinta por ciento de la edificabilidad residencial para su destino a vivienda protegida. En las actuaciones de reforma interior, dicha reserva será como mínimo del diez por ciento de la nueva edificabilidad residencial”.