La semana termina con un nuevo capítulo de la serie «quien pueda hacer, que haga». Mientras los procesos judiciales contra numerosos cargos del Partido Popular parecen dormir el sueño de los justos y llegan a juicio cuando sus protagonistas han perdido relevancia pública, al Partido Socialista se le acumulan investigaciones que alcanzan no solo a responsables políticos, sino también al entorno familiar del presidente del Gobierno. Y ello, aunque es posible que muchos de estos procedimientos acaben archivados una vez agotadas todas las instancias judiciales, como ya ocurrió en otros países con dirigentes como Lula da Silva.
En este contexto, sorprende la condena de inhabilitación para el hermano del presidente por un supuesto contrato irregular, especialmente cuando durante décadas en muchas administraciones provinciales y locales han sido frecuentes contrataciones mucho más discutibles. Al menos, en este caso, se trata de una persona cuya preparación profesional estaba acreditada para desempeñar el puesto. Todos conocemos, sin embargo, ejemplos de asesores sin cualificación o de cargos de confianza que terminaron integrándose en la Administración de forma difícilmente justificable desde los principios de mérito y capacidad.
Resulta igualmente llamativo contemplar cómo algunos reclaman, como las tricoteuses de la Revolución francesa, la cabeza de cualquiera que tenga relación con Pedro Sánchez. Ahora será su esposa quien se siente en el banquillo ante un tribunal del jurado, alimentando un clima de condena pública antes incluso de que exista una sentencia firme.
Da la impresión de que el verdadero problema para determinados sectores es la existencia de un gobierno progresista que impulsa políticas dirigidas a colectivos tradicionalmente olvidados por la derecha. La confrontación política ha dado paso, en demasiadas ocasiones, a una estrategia de desgaste permanente en la que todo vale con tal de erosionar al adversario.
Ese clima también se refleja en el debate parlamentario. Basta observar la virulencia con la que algunos dirigentes atribuyen al comunismo millones de muertos, reproduciendo un discurso que durante décadas ha identificado cualquier planteamiento de izquierdas con los peores episodios del siglo XX. Sin embargo, pocas veces se recuerda con la misma intensidad la responsabilidad histórica del fascismo y del nazismo europeos, responsables de una devastación humana sin precedentes.
En España tampoco debería olvidarse que el golpe militar de julio de 1936 solo pudo consolidarse gracias al apoyo decisivo de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Numerosos historiadores coinciden en que, sin aquella ayuda militar, económica y logística, difícilmente habría triunfado frente al Gobierno legítimo de la Segunda República. También suele silenciarse que numerosos militares permanecieron fieles al orden constitucional y fueron asesinados por sus propios compañeros. El comandante Virgilio Leret Ruiz, ejecutado en Melilla pocas horas después del inicio de la sublevación, constituye uno de los ejemplos más conocidos de aquella lealtad pagada con la vida. Lamentablemente, su destino fue compartido por un buen número de generales y mandos que permanecieron fieles a la legalidad constitucional y a la República.
A esa tragedia hay que añadir las decenas de miles de personas que continúan desaparecidas en fosas comunes de cunetas y cementerios. Cada aniversario del 18 de julio vuelve a abrir un debate que España aún no ha cerrado definitivamente. Nadie debería justificar episodios como los asesinatos de Paracuellos u otras acciones violentas ocurridas durante la Guerra Civil, porque todas las víctimas merecen respeto. Pero también conviene recordar una diferencia esencial: tras la victoria franquista, unas víctimas fueron reconocidas y homenajeadas por el régimen, mientras que miles de quienes defendieron la legalidad democrática siguen esperando ser identificados y entregados a sus familias con la dignidad que merecen. Se trata de completar una reparación que la democracia ha ido demorando durante demasiado tiempo.
Y, como el tiempo suele poner cada cosa en su sitio, a la derecha más recalcitrante, centralista y excluyente le habrá sentado como un jarro de agua fría la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lejos de cuestionar la Ley de Amnistía, el tribunal ha venido a reconocer que este tipo de normas pueden constituir una herramienta legítima para favorecer la concordia y la normalización política. Porque de eso trata la democracia: del uso de la palabra, de la negociación y de las leyes para resolver los problemas políticos. No como ocurrió hace noventa años, cuando otros optaron por levantarse en armas contra un poder legalmente constituido y fusilaron a quienes pensaban de manera diferente, incluidos compañeros de carrera militar que permanecieron fieles a los principios constitucionales y republicanos.
Quizá esa sea la principal enseñanza de nuestra historia. Hace noventa años, quienes rechazaron la voluntad popular optaron por las armas para derribar un gobierno legítimamente constituido. Hoy, afortunadamente, las diferencias políticas deben resolverse mediante el Estado de derecho, el debate democrático y el respeto a las instituciones. Conviene no olvidarlo cuando el ruido amenaza con sustituir a la razón y cuando el odio pretende ocupar el lugar de la convivencia. Afortunadamente, aún nos queda Europa.