Antes de dar una opinión sobre determinados asuntos, es mejor dejarlos reposar. Valorar la enésima crisis del gobierno municipal requería también no hacerla coincidir con el tiempo de carnavales, donde la farsa y la mascarada priman.
Lo primero que llama la atención han sido las formas. Recordemos que el 20 de febrero del año pasado, tal y como informó Tarifa al Día, se celebró la primera reunión del seguimiento del Pacto NAT y PP, lo que no ha sucedido este año. La puesta en escena de la actual crisis no nace de una reunión de seguimiento que por fecha tocaba, sino que se hace a través de unas declaraciones del portavoz de Nuevos Aires a un medio de comunicación comarcal (como viene siendo habitual). En ellas expone su posicionamiento político y lo hace generando el mismo ruido que un elefante en una cacharrería al abrir, al mismo tiempo, varios frentes.
Así, en una misma noticia, amenaza al PP de estar dispuesto a romper las relaciones de gobierno, tachándolos de inoperantes a la hora de guiar la administración pública local. Para ello, no duda, en acusarlos de que solamente les importa ir a eventos y las fotos (sobrepasando la discrepancia política y haciendo un juicio peyorativo sobre ellos). Lo que se completó con comentarios en redes por parte de algunas personas vinculadas a miembros de ese partido, en los cuales no solamente descalificaban políticamente al PP, sino que los ponían de verde con insultos que ahorramos repetir y que venían a decir que lo que querían era “chupar del bote”.
También, al mismo tiempo, posiblemente para que sus pretensiones tomaran valor, no descartó una moción de censura con el PSOE y un posible cambio en la alcaldía. Algo que se desinfló como un suflé, ya que el portavoz socialista negó con rapidez tal posibilidad, lo que sin duda va a reportar credibilidad ante el electorado.
En esas mismas declaraciones se arremete contra el personal municipal usando la desafortunada expresión de llamarle “cáncer”. Aunque el PP lo desmintió, se requiere que quien lo dijo se retracte por ser injurioso y por usar una expresión poco afortunada por todo el dolor y sufrimiento que esta enfermedad produce a millones de personas y familiares. Esta visión peyorativa de la función pública no es nueva. No olvidemos que, antes de su paso por la política, desde una asociación se publicitaba que su objetivo era “defender los derechos de la ciudadanía de Tarifa frente a las Administraciones Públicas”, como si la labor de las administraciones fuera atacar a la gente y no ayudar.
Apoyando este argumento salió la federación de asociaciones de empresarios de Tarifa. Algo que se podía esperar, ya que muchas de esas personas han tomado un posicionamiento político muy claro en el pueblo, usando para ello al PA antes y ahora con esta marca blanca. Y es que, a veces, se tiene la impresión de que la milenaria ciudad de Tarifa se asemeja a esos pueblos en construcción del oeste americano que, con la fiebre del oro, eran copados por gente deseosa de ganar dinero a cualquier costa. Nos ahorramos los ejemplos porque en estos carnavales se han podido escuchar, en crítica sarcástica, todo el mal que hacen a este pueblo.
Tras todo esto, la petición de una reunión para “reconducir el pacto”, de la que sólo sale que se continuará hablando. Y es aquí cuando debemos ordenar estas ideas para mostrar los pies de barro de las mismas.
Primero, los últimos acontecimientos de la vida política local, con desafíos y descalificaciones por parte de Nuevos Aires hacia el PP (grupo mayoritario en el gobierno local) no han dejado indiferente a nadie. Nos planteaos: ¿Por qué no se celebró como el año anterior una reunión de seguimiento para analizar estos asuntos y salen directamente a la luz pública? ¿Cómo se puede llegar incluso al insulto y luego aquí paz y después gloria? ¿Esta imagen barriobajera de la política a quién beneficia? ¿Cuándo se miente antes al romper o ahora al recomponer?
Segundo, los gobiernos locales tienen capacidad de organizar la administración local de acuerdo a la ley, pero ello no indica que se puede hacer de esta un cortijo donde el funcionariado esté bajo el mandato de los intereses de los gobernantes. ¿A quién beneficia atacar a los trabajadores/as municipales de manera indiscriminada?
Solo hay que señalar que existen cauces administrativos para abrir expedientes a quienes en la administración pública puedan actuar fuera de sus funciones, pero que, obviamente, pueden terminar en un juzgado para la defensa del trabajador o trabajadora. Recordemos la indemnización de 35 mil euros que debe pagar el ayuntamiento a un ex-trabajador.
Tercero, ¿puede un pueblo y su futuro quedar en manos de quienes solo ven sus “proyectos” o, por el contrario, se requiere de la participación activa del conjunto de la sociedad?
Estas y otras muchas dudas nos pueden surgir, pero, desde luego, hay una evidencia clara: esta inestabilidad política se adereza con una especie de inseguridad jurídica que no beneficia a nadie.
A mi Prin