Hace unos días veía por las redes sociales un llamamiento de Greenpeace. En él se informaba del juicio al que estaba siendo sometida esta organización ambientalista en los Estados Unidos. Al final, y aunque ha recurrido, ha sido condenada a pagar entre 600 y 700 millones de dólares (según los cálculos de diferentes medios). Algo que, según la propia organización, pone en peligro su existencia en ese país.
No son pocas las escenas que Hollywood nos ha brindado en las que se muestran cómo grandes grupos empresariales someten a una presión sin igual a quienes osan contradecir sus diseños y planes económicos. También son múltiples y variadas las películas y series que nos muestran la forma en la que los grupos presionan a los representantes políticos para conseguir sus objetivos. Asimismo, nos muestran cómo detrás de algunos representantes políticos está la mano y el apoyo de grandes grupos económicos que buscan tener quien defienda su proyecto en el ámbito de las administraciones políticas. Se constituyen, de esta forma, en verdaderos grupos de presión que tienen por objetivo defender sus intereses particulares por encima de los intereses comunes o del bien común. Y frente a ello, la sociedad civil organizada compone un juego dialéctico donde se establece una relación desigual.
Resulta paradójico ver cómo los movimientos y estrategias de estos grupos de presión se repiten, igualmente, en la esfera de lo municipal, en ciudades e incluso en pequeños pueblos. Los grandes poderes económicos pueden incluso colocar algunos de sus peones en el tablero de las administraciones para jugar desde ahí con una serie de ventajas. El acceso a una información privilegiada, seguimiento directo de la evolución de los trámites de sus proyectos o, simplemente, disponer de alguien que los avale cuando sus intenciones se ponen encima de la mesa…, vale mucho.
Y es que los grupos de inversión suelen tener claro que, cuando ellos ven una cierta rentabilidad en un negocio, no importa gastar lo que haga falta, no importa poner en juego todas las herramientas necesarias para conseguir sus objetivos, pues estos serán compensados enormemente. Es más, en la mayoría de los casos, al tratarse de grandes corporaciones, ni tan siquiera tienen prisa en ejecutar esos proyectos y esperarán el momento más proclive y mejor para hacerlo.
En los últimos días han vuelto a aparecer comentarios y noticias en Internet sobre los grandes intereses inmobiliarios que determinadas empresas han puesto en juego en el término municipal de Tarifa. Obviamente, estas actuaciones no se generan espontáneamente. Sin duda, son el fruto de procesos más o menos largos que llevan a concluir que la inversión será rentable, es decir, que lo invertido se recuperará con creces y con pingües beneficios.
El ladrillazo del litoral tarifeño es una estrategia que ha visto la luz en los últimos meses y que alarma no solamente por el impacto urbanístico que tendrá, sino por la manera en la que se pretende realizar. Frente a estos pelotazos urbanísticos, hay quien alerta desde un punto de vista técnico de que un término municipal como el de Tarifa (con graves carencias de infraestructuras de comunicación, de agua, sanitarias, etcétera) no puede aspirar a convertirse durante unas pocas semanas del año en grandes centros metropolitanos que multiplicarían su población por diez.
Estos desajustes medioambientales y sociales que producirían estas intervenciones con intereses puramente especulativos son también puestos sobre la mesa por particulares que defienden un modelo de vida mucho más sostenible. Un modelo de vida que mire mucho más por el interés común y no por los intereses particulares de unos pocos que vienen a hacer el agosto a costa del patrimonio de todos y todas.
Ya tenemos ejemplo de ese desarrollo descontrolado y consistente en llenar el litoral de pisos para alquiler veraniego. Recordemos cómo todos los años durante dos meses aparecen noticias sobre los déficits de Atlanterra en materia de agua, carreteras, seguridad, etc. Y es que hicieron las casas, las vendieron, sacaron beneficios, pero dejaron los problemas para la administración local.