Tarifa vuelve a poner sobre la mesa una realidad que afecta de manera directa a las personas con movilidad reducida: el uso indebido y fraudulento de las tarjetas de aparcamiento destinadas a este colectivo. La denuncia pública realizada por un vecino de la localidad, Vicente Rivero, que cuenta con una discapacidad reconocida del 73%, ha vuelto a dar visibilidad a una problemática que el colectivo Asociación Avanza viene reclamando desde hace años.
Rivero explica que, tras solicitar y obtener una plaza reservada en su calle, descubrió cómo numerosas personas aprovechan tarjetas de familiares -incluso fallecidos- para estacionar en estos espacios. “Todo el mundo aprovecha la tarjeta del abuelo, en unos casos vivo, en otros muertos, para encontrar aparcamiento fácil. La ley es muy clara con respecto a estas tarjetas: son personales e intransferibles, y solo se pueden usar cuando el titular está presente en el vehículo”, denuncia con indignación.
El vecino recuerda que incluso ha recogido grabaciones que muestran estas irregularidades, y señala que las autoridades locales son conscientes del problema. A ello se suman casos de tarjetas extranjeras utilizadas en vehículos con matrícula española y visitantes que se aprovechan de la laxitud en el control. “El Ayuntamiento debería protegernos a quienes realmente necesitamos estos recursos, en lugar de considerarnos unos pesados que siempre estamos quejándonos”, reclama.
La Policía Local de Tarifa, por su parte, ha recordado públicamente que mantiene una política de “tolerancia cero con el uso indebido de las tarjetas PMR”. En una intervención reciente sorprendieron a un conductor que usaba la tarjeta de una persona ausente a más de 500 kilómetros de distancia. “Respetar las plazas reservadas es convivir”, insistieron desde el cuerpo policial, subrayando que este fraude constituye una falta grave que perjudica directamente a las personas con movilidad reducida.
Las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida permiten estacionar en zonas reservadas, áreas verdes, azules o de carga y descarga, siempre que se cumpla la normativa. Su uso, sin embargo, está limitado estrictamente al titular, ya sea como conductor o pasajero. El mal uso puede acarrear sanciones e incluso la retirada definitiva de la tarjeta.
Desde el colectivo Tarifa Avanza y ciudadanos como Vicente Rivero, la petición es clara: más campañas de control, más concienciación y menos permisividad frente a un fraude que, aunque pueda parecer menor, “condiciona la vida diaria de quienes realmente dependen de estas plazas para su autonomía”.
En una ciudad con calles estrechas, alta densidad de tráfico en verano y creciente presión turística, además de las calles y plazas colapsadas por las mesas y las sillas de los incontables establecimientos hosteleros, la defensa de los derechos de las personas con movilidad reducida se ha convertido en una cuestión de dignidad y justicia social.