La organización ecologista sostiene que el desarrollo sostenible de Tarifa debe basarse en el control efectivo de la administración local, una planificación integral del territorio y la adaptación al cambio climático.
Un desarrollo urbanístico sostenible es fundamental no sólo para garantizar el entorno sino para atender las necesidades reales de viviendas en el municipio/S.Terán
La asociación ecologista AGADEN-Ecologistas en Acción ha valorado el reciente anuncio municipal sobre la puesta en marcha de un plan de choque para agilizar la tramitación de expedientes urbanísticos, advirtiendo de que la solución a los problemas del urbanismo en Tarifa no puede limitarse únicamente a acelerar procedimientos administrativos.
La organización considera que el debate público se está centrando en exceso en la reducción de plazos cuando, a su juicio, la cuestión fundamental consiste en definir qué modelo urbanístico necesita el municipio y si las administraciones disponen de capacidad suficiente para gestionar de manera sostenible tanto el crecimiento urbano ya existente como el previsto para los próximos años.
En este sentido, AGADEN recuerda que Tarifa continúa afrontando importantes carencias en ámbitos como las infraestructuras, la movilidad, el abastecimiento de agua, el saneamiento, el mantenimiento de urbanizaciones, las dotaciones públicas y la conservación de los espacios naturales. Un escenario que, según la entidad, coincide con una creciente presión urbanística impulsada por nuevos desarrollos residenciales, turísticos y terciarios promovidos a través de modificaciones puntuales y planes parciales.
Para la organización ecologista, la prioridad debe situarse en la revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que considera desfasado respecto a la realidad territorial, social, económica y ambiental actual de Tarifa. A juicio de AGADEN, la planificación urbanística no puede continuar desarrollándose mediante actuaciones aisladas o modificaciones parciales desconectadas entre sí, sino a través de una estrategia global que permita evaluar conjuntamente la capacidad de carga del territorio, la disponibilidad de recursos hídricos, la movilidad, las necesidades reales de vivienda y los efectos acumulativos de los distintos desarrollos previstos.
La asociación también muestra su preocupación ante la posibilidad de que las medidas destinadas a agilizar la gestión urbanística puedan derivar en fórmulas de externalización de funciones públicas. En este punto, advierte sobre modelos aplicados en otros municipios donde parte de la tramitación urbanística ha sido encomendada a entidades o empresas externas con el objetivo de acelerar la resolución de expedientes.
AGADEN defiende que la gestión urbanística constituye una función pública esencial que debe permanecer bajo el control efectivo de la administración y de sus técnicos y funcionarios responsables. A su entender, la independencia de criterio, la transparencia y la defensa del interés general deben seguir siendo los principios rectores de cualquier actuación urbanística.
Por ello, considera que la falta de medios materiales y humanos no debe resolverse sustituyendo la capacidad técnica municipal por mecanismos externos orientados prioritariamente a la rapidez de la tramitación. La organización insiste en que la clave debe residir en fortalecer los recursos propios del Ayuntamiento y mejorar la capacidad de gestión de los servicios públicos municipales.
Otro de los aspectos que AGADEN echa en falta en buena parte de los nuevos desarrollos urbanísticos proyectados en Tarifa es la incorporación de medidas suficientes para afrontar los efectos del cambio climático. La entidad señala que cuestiones como la preservación e incremento del arbolado urbano, la creación de infraestructuras verdes conectadas, la permeabilización de los suelos, la reducción de superficies impermeables, la mitigación del efecto isla de calor o la gestión sostenible del agua continúan ocupando un lugar secundario frente a los parámetros edificatorios tradicionales.
En este contexto, los ecologistas sostienen que la adaptación climática debe convertirse en uno de los ejes centrales de la política urbanística municipal y no limitarse a un requisito formal dentro de los procedimientos de evaluación ambiental.
La organización concluye que cualquier medida destinada a reforzar el área de Urbanismo debe orientarse prioritariamente a mejorar la planificación territorial, fortalecer los servicios públicos municipales, garantizar la transparencia de los procedimientos y asegurar la protección efectiva del medio ambiente y de los recursos naturales.
Aunque reconoce que la agilidad administrativa es necesaria, AGADEN subraya que una administración más rápida no siempre implica una mejor administración. En consecuencia, defiende que la verdadera prioridad para Tarifa debe ser la construcción de una planificación rigurosa, participativa y sostenible, capaz de atender las necesidades de vivienda y desarrollo económico sin comprometer los valores ambientales, paisajísticos y territoriales que constituyen uno de los principales patrimonios del municipio.