La Fiscalía de Medio Ambiente del Área de Algeciras ha presentado una denuncia penal por los vertidos de aguas residuales sin depurar que han afectado gravemente a la playa de Atlanterra, en el término municipal de Tarifa. La decisión llega tras la denuncia interpuesta por la organización ecologista AGADEN-Ecologistas en Acción, que desde julio de 2024 viene alertando de estos hechos.
El colectivo ecologista ha valorado positivamente la actuación de la Fiscalía, al considerar que supone un paso clave para depurar responsabilidades y evitar que este tipo de episodios vuelvan a repetirse en el futuro. Según la denuncia presentada en su día por AGADEN, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Atlanterra venía vertiendo aguas sin el tratamiento adecuado de manera continuada directamente al mar, lo que podría constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificado en los artículos 325 y 326 del Código Penal.
El impacto de estos vertidos llevó a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a decretar la prohibición del baño en un tramo de 100 metros de la playa -50 metros a cada lado del punto de vertido- ante el riesgo sanitario que representaban para los usuarios de la zona.
Un informe técnico emitido por el Instituto Nacional de Toxicología confirmó que los vertidos fecales insuficientemente depurados pueden afectar de forma grave al ecosistema marino y suponen un peligro considerable para la salud pública, especialmente cuando se producen de manera continuada en áreas recreativas como las zonas de baño.
Tras meses de investigación, la Fiscalía ha determinado que existen indicios suficientes de responsabilidad penal, motivo por el cual ha remitido el caso al juzgado competente mediante la correspondiente denuncia criminal. Se abre así la vía judicial para depurar responsabilidades empresariales, técnicas y políticas derivadas de estos hechos.
Desde AGADEN-Ecologistas en Acción se subraya la importancia de esta actuación de la Fiscalía como medida imprescindible para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger tanto los ecosistemas como la salud de la población.
