El grupo ecologista asegura que la Diputación no ha respondido a la solicitud presentada hace más de un año sobre los criterios ambientales y el acceso a la documentación del proyecto.
La polémica que rodea a la remodelación del Paseo del Miramar suma un nuevo capítulo. El grupo político Los Verdes Europa-Tarifa ha denunciado públicamente la falta de respuesta de la Diputación Provincial de Cádiz a la solicitud de información registrada el pasado 8 de marzo de 2025 relativa al proyecto de reforma del emblemático espacio público tarifeño, unas obras que comenzaron ese mismo mes y que, quince meses después, todavía no han concluido.
La formación ecologista considera que la ausencia de contestación vulnera los principios recogidos en el Convenio de Aarhus de 1998, relativo al derecho de acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental. Según sostiene, tampoco se ha facilitado información sobre el cumplimiento del denominado principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH), exigido en actuaciones financiadas con fondos europeos.
Los Verdes recuerdan que, según la información difundida por distintos medios de comunicación, la actuación del Miramar, presupuestada en 216.472 euros, se ejecuta con cargo a los fondos Dipu-Diver, incluidos en programas vinculados a los fondos Next Generation de la Unión Europea.
En un comunicado, la formación expresa su “indignación ante las estrategias políticas que no acaban y despojan a la ciudadanía de sus derechos básicos”, al tiempo que sostiene que las administraciones públicas “no están velando por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva como solicitado por una mayoría de la sociedad tarifeña”.
La organización critica además que “el gobierno ha chocado ya más de una vez con el sentir tarifeño y sigue empecinado en sus actuaciones faltando a la transparencia y a la información”. En este sentido, considera que “la ciudadanía es utilizada para pagar, pero sin derecho a decisión como indica la ley, sin información certera y precisa”.
Los Verdes cuestionan igualmente si la intervención cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles. La formación sostiene que no se ha dado a conocer el proyecto de forma pública ni se ha articulado un proceso de participación ciudadana que permitiera conocer las medidas adoptadas para adaptar la actuación al cambio climático.
En este sentido, la formación asegura desconocer si existe una memoria ambiental asociada a las obras, así como el inventario y valoración del arbolado existente antes de la intervención. También plantea interrogantes sobre la posible presencia de aves protegidas, la permeabilidad del terreno o la existencia de sistemas de drenaje sostenibles.
La portavoz de Los Verdes Europa-Tarifa, Rosmarie Hennecke, considera que existe “una gran discrepancia entre el sentir ciudadano y la prepotencia de los políticos a la hora de permitir este tipo de actividades que en realidad representan el típico ‘lavado verde’, distante de la sostenibilidad”. La representante ecologista añade que “es muy lamentable que los supuestos representantes de la ciudadanía sigan sin querer entender qué significan los derechos de los ciudadanos, pretendiendo seguir implantando ‘la ley del más fuerte’, contra ley”.
La formación, que carece actualmente de representación en el Ayuntamiento de Tarifa, sostiene además que en espacios con una fuerte carga histórica y simbólica como el Miramar “si una plaza histórica y muy identitaria funciona socialmente, la mejor intervención suele ser conservar y reparar antes que sustituir”.
La denuncia de Los Verdes se produce apenas unos días después de que el equipo de gobierno anunciara la inminente finalización de las obras, pendientes únicamente de la instalación del mobiliario urbano y de la plantación del arbolado, actuaciones que serán sufragadas con fondos municipales.
