El regidor se compromete a poner en marcha en el plazo de un mes un plan de choque para reducir el atasco de más de 3.000 expedientes urbanísticos y a impulsar una normativa municipal que facilite la participación de las Entidades Urbanísticas Certificadoras de Andalucía (EUCA) en determinados procedimientos. Ambas medidas fueron trasladadas este miércoles a representantes de ASPRICA, con quienes el Ayuntamiento mantendrá abiertas líneas de colaboración para agilizar la actividad urbanística del municipio.
El alcalde de Tarifa se ha comprometido este miércoles a impulsar dos medidas dirigidas a paliar la situación de retraso que afecta a la tramitación urbanística municipal. La primera consiste en la aprobación, en el plazo aproximado de un mes, de un Plan de Choque y refuerzo de personal para la Oficina Técnica Municipal, mientras que la segunda pasa por la tramitación de una ordenanza municipal que permita la intervención de las Entidades Urbanísticas Certificadoras de Andalucía (EUCA) en determinados procedimientos urbanísticos con el objetivo de reducir plazos y descargar de trabajo a los servicios técnicos municipales.
Los compromisos fueron trasladados durante una reunión mantenida en la Alcaldía con una representación de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (ASPRICA), que había solicitado el encuentro para abordar lo que el sector empresarial considera una situación de “bloqueo, ralentización y falta de previsibilidad” en la gestión de expedientes urbanísticos, con consecuencias económicas para las empresas y para el desarrollo ordenado del municipio.
Durante el encuentro, los representantes de ASPRICA expusieron al alcalde un paquete de medidas destinadas a descongestionar la Oficina Técnica Municipal, entre las que figuraba como principal reivindicación la puesta en marcha de la normativa necesaria para que las EUCA puedan intervenir en la verificación técnica de proyectos urbanísticos.
Según explicó el alcalde a Tarifaaldia, el Ayuntamiento estudia llevar a Pleno un acuerdo que permita incorporar esta herramienta dentro del marco legal vigente. El sistema posibilitaría que los proyectos fueran previamente revisados y certificados por entidades acreditadas, de forma que los servicios municipales pudieran concentrar sus recursos en la supervisión jurídica y administrativa de los expedientes, reduciendo significativamente los tiempos de tramitación.
Junto a ello, el regidor anunció la elaboración de un plan de choque para reforzar la Oficina Técnica y dar salida a los expedientes acumulados. El objetivo municipal es incorporar personal específico para tramitar los asuntos pendientes mientras los técnicos actuales continúan atendiendo los nuevos procedimientos que siguen entrando en el Ayuntamiento.
El alcalde reconoció la existencia de una importante acumulación de expedientes, cifrada en alrededor de 3.000 procedimientos, y señaló que el plan se centrará especialmente en licencias menores, expedientes de disciplina urbanística, declaraciones de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), licencias de apertura y otros procedimientos administrativos que en algunos casos arrastran retrasos desde hace varios años.
Desde ASPRICA se valoró positivamente la receptividad mostrada por la Alcaldía y la voluntad municipal de estudiar fórmulas que permitan acortar los plazos administrativos. La asociación destacó además la disposición de sus asociados a colaborar con el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones que contribuyan a acelerar la tramitación urbanística.
No obstante, y pese al tono constructivo y de máxima colaboración que presidió la reunión, los representantes del sector trasladaron también su preocupación por las consecuencias económicas derivadas de los retrasos administrativos. En este sentido, advirtieron al Consistorio de que, si persisten las demoras en la resolución de expedientes y estas continúan generando perjuicios económicos a las empresas promotoras, la asociación no descarta emprender acciones legales contra la administración local y exigir las correspondientes responsabilidades patrimoniales por los daños ocasionados.
Ambas partes coincidieron finalmente en la necesidad de mantener abiertas vías permanentes de diálogo y colaboración para avanzar en soluciones que permitan mejorar la capacidad de respuesta de la administración local y ofrecer mayor seguridad y previsibilidad a ciudadanos, profesionales y empresas vinculadas al sector urbanístico.