Aspecto del sector donde se persigue el desarrollo urbanístico totalmente inundado tras las últimas lluvias intensas registradas en el municipio/TAD
La Plataforma Ciudadana Tarifa No se Vende ha reiterado la inviabilidad del proyecto urbanístico SUO-LI-01 Los Lances previsto en el sector referidos en las proximidades y entorno, al considerar que se ubica en una zona catalogada como inundable y que supone un grave riesgo tanto para la seguridad de las personas como para el medio ambiente del municipio.
El colectivo recuerda que el pasado año ya presentó alegaciones ante la Administración contra este desarrollo, que contempla la construcción de una “macrourbanización con unas 740 viviendas y 1.360 plazas hoteleras”. Según señalan, “el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables clasifica estos terrenos por su elevado riesgo de inundación, lo que, a su juicio, hace incompatible cualquier proyecto residencial de estas características”.
Desde la plataforma advierten de que la iniciativa no solo pondría en peligro a los futuros residentes y usuarios, sino que tendría un impacto directo sobre uno de los enclaves naturales más valiosos de Tarifa. En este sentido, denuncian que el plan prevé vertidos de residuos al río Jara, con posibles consecuencias irreversibles para la Laguna de los Lances, un espacio protegido integrado en la Red Natura 2000 y declarado Reserva de la Biosfera.
Asimismo, Tarifa No se Vende asegura que, a través de las alegaciones presentadas, ha puesto de manifiesto la existencia de informes desfavorables que, según afirman, no han sido tenidos en cuenta. Entre ellos citan el del Departamento de Vías Pecuarias, que concluye que la urbanización invadiría de forma ilegal caminos públicos protegidos.
La plataforma también denuncia que el proyecto se esté tramitando como una simple modificación del planeamiento cuando, en su opinión, se trata de una revisión en profundidad, lo que permitiría eludir las exigencias de sostenibilidad recogidas en la legislación urbanística vigente (LISTA). Esta actuación es calificada por el colectivo como un “fraude de ley” destinado a imponer un modelo urbanístico obsoleto.
Por todo ello, Tarifa No se Vende reclama a las administraciones competentes que se priorice la seguridad ciudadana y la protección del patrimonio natural del municipio frente a lo que consideran un negocio inmobiliario que, desde su origen, “oculta riesgos básicos” para el territorio y la población.