El municipio espera ayudas económicas y logísticas para afrontar los daños provocados por los fuegos en La Peña, Valdevaqueros y Sierra Plata, mientras Atlanterra se salvó por poco de las llamas que obligaron a evacuar a miles de personas.
Tarifa vive un día clave a la espera de que el Consejo de Ministros confirme si será declarada zona afectada por emergencia de protección civil. La localidad ha sufrido este verano dos graves incendios: uno que arrasó más de 600 hectáreas en La Peña y Valdevaqueros, y otro en Sierra Plata que estuvo a punto de alcanzar viviendas en Atlanterra, en el límite con Zahara de los Atunes, provocando la evacuación de miles de personas. La Junta de Andalucía descartó daños en las viviendas de esta zona turística de alto nivel, pero la preocupación sigue latente.
El alcalde, José Antonio Santos Perea, ha señalado ante los micrófonos de Radio Algeciras de la Cadena Ser que mantiene contacto directo con la Consejería de Presidencia y confía en que las ayudas se asignen “no por comunidades autónomas, sino por territorios afectados”, garantizando así recursos concretos para la recuperación de Tarifa.
Más de 411.000 hectáreas arrasadas
Esta decisión local forma parte de un contexto nacional marcado por incendios forestales devastadores que en 2025 ya han arrasado más de 411.000 hectáreas —casi el 40 % del total de la UE, superando el récord de 2022—. Pedro Sánchez anunció en Cáceres que el primer Consejo de Ministros tras el verano declarará zonas afectadas por emergencia de protección civil, medida que abarcará numerosos territorios, especialmente en Castilla y León, Galicia, Extremadura, Madrid y Andalucía.
Amplio paquetes de ayudas
La declaración de zona catastrófica permitirá acceder a un amplio paquete de ayudas: indemnizaciones a particulares (hasta 18.000 € por fallecimiento o incapacidad, 15.120 € por destrucción de vivienda, 2.580 € por daños en enseres), subvenciones a empresas y comunidades de vecinos, compensaciones a ayuntamientos, exenciones fiscales y de tasas, y apoyos específicos a agricultores, ganaderos, sectores pesqueros y turísticos, así como reparaciones de infraestructuras estatales y beneficios en materia laboral y de Seguridad Social.