Y cuando parecía que los casos de corruptela de algunos responsables del Partido Socialista podían marcar un hito en esta etapa de la política nacional… ¡Vaya! Aparece el caso de Montoro. Una investigación de años que ha puesto sobre la mesa una trama de corruptela que no sólo se basaba en sacar provechos personales, sino en legislar para beneficiar a los grandes grupos económicos.
La trama (como ha sido denominada por los distintos medios de comunicación) es un andamiaje de despachos privados, falsas empresas y boletín del Estado, que conseguía legislar para que determinadas empresas tuvieran que pagar menos a Hacienda.
Y lo más fuerte de todo esto es que esta situación se produce en plena crisis, cuando el ministro austericida (como fue conocido Montoro), sin escrúpulo alguno, aplicaba políticas de recortes que perjudicaron a la inmensa mayoría de la ciudadanía, muy especialmente a los sectores sociales más débiles.
La situación no deja de ser paradójica, pues el Partido Popular, que había establecido una cacería contra Pedro Sánchez utilizando los comportamientos que se investigan por corrupción de los dos ex secretarios de organización del PSOE, se encuentra de buenas a primeras con una investigación que llevaba varios años realizándose sobre la piedra angular de cualquier Estado: la recaudación y distribución de la riqueza nacional.
Por supuesto, en cómo se han desarrollado las investigaciones en unos y otros casos de posible corruptela hay diferencias significativas, pero también semejanzas. Como diferencia, podemos señalar que la investigación sobre la trama Montoro ha permanecido en secreto, no como las que afectan a exmiembros del PSOE que se filtran un día sí y otro también, facilitando titulares a medios conservadores y ultras para que machaquen la imagen del adversario político, en este caso PSOE y, por efecto colateral, a sus socios de gobierno y apoyos parlamentarios, a los cuales se les intenta atribuir el San Benito de la corrupción sin que nada de ello sea verdad.
Como semejanza tenemos el modus operandi (que mucha gente intuye, pero que no se ha dimensionado nunca a tan alto nivel) usado por grandes poderes económicos para que los vientos soplen a su favor. Y cómo estas estrategias tienen un denominador común: hay gente que, en el desempeño de cargo público o de la función pública (si es funcionario), está dispuesta a sacar beneficios personales por favorecer a determinados intereses empresariales. Las puertas giratorias, los despachos privados de profesionales públicos donde se gestionan asuntos públicos, los apoyos económicos ocultos a las campañas electorales de determinados grupos políticos, la contratación de familiares de cargos públicos en empresas con intereses en determinados espacios geográficos… y así un largo etcétera de conductas corruptas, no son nada más que el síntoma de una sociedad que ha normalizado el “ande yo caliente, ríanse la gente” y que, sin embargo, hipócritamente, se lleva las manos a la cabeza y forma un gran revuelo cuando un posible caso de corrupción salpica a unas siglas políticas que a ellos no les interesa.
De este mandato municipal, una de las cosas que quedará es la famosa expresión “criterio empresarial”. Ahora nos surge la duda de si ello tiene coincidencia con Montoro y su criterio empresarial.