Proponen incluir buzos observadores como inspectores para garantizar un sacrificio respetuoso y combatir malas prácticas bajo el agua.
El grupo político Verdes de Europa-Tarifa ha propuesto a la Dirección General de Pesca Sostenible la creación de una normativa que contemple la incorporación de buzos observadores como inspectores en las almadrabas andaluzas. El objetivo es controlar de forma efectiva la gestión de los atunes capturados, especialmente aquellos que quedan enmallados en las redes durante la pesca.
Según la formación, existen indicios de descartes de ejemplares bajo el agua que, al agonizar por estrés, ven reducida la calidad de su carne, lo que impacta directamente en su valor comercial. Ante la aparición recurrente de atunes muertos durante y después de las capturas en almadrabas como las de Conil, Zahara, Barbate o Tarifa, Verdes de Europa ha expresado su preocupación por la sostenibilidad de esta práctica pesquera y el trato ético hacia los animales.
El grupo ha solicitado a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) informes elaborados por observadores terrestres sobre estas instalaciones. Sin embargo, tras más de un año de espera, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación denegó el acceso a dicha documentación alegando motivos de “confidencialidad”, a pesar de que tanto organismos administrativos como empresas privadas involucradas reciben financiación a través de fondos públicos y europeos.
Verdes de Europa-Tarifa destaca que la documentación buscaba esclarecer si las denuncias ciudadanas y reportes en medios de comunicación sobre presunto maltrato animal coincidían con las observaciones oficiales. También se plantean dudas sobre una posible relación entre estos casos y los cupos de pesca establecidos.
El Consejo de Transparencia ha determinado que se ha vulnerado el derecho a la información en los plazos establecidos, evidenciando —según el grupo político— una falta de garantía efectiva de este derecho fundamental. “No se están resolviendo los asuntos públicos con objetividad y equidad”, denuncian, cuestionando el compromiso administrativo con la mejora de las condiciones de vida y la gestión ambiental.
Rosmarie Hennecke, portavoz de Verdes de Europa-Tarifa, manifestó su malestar por la opacidad institucional: “Nuestras solicitudes a las administraciones no deberían existir, y mucho menos deberíamos tener que acudir a los tribunales para defender el medioambiente. La gente siente y sabe que se está maltratando a los animales. Me pregunto cuántos han sido coaccionados con la pérdida de sus empleos por no soportar la crueldad ejercida”.
La organización, sin representación en el Ayuntamiento, denuncia que “aunque se habla mucho de sostenibilidad, en la práctica los derechos a la información y a la participación ciudadana siguen sin cumplirse”. Insisten en que sin estas garantías, es imposible erradicar las malas prácticas ambientales de forma estructural.
Desde Verdes de Europa-Tarifa esperan que las recientes resoluciones emitidas por la Secretaría General de Pesca, que introducen cambios en el proceso de captura y control, sean aplicadas con rigor, y reiteran que la vigilancia subacuática es clave para lograr una pesca verdaderamente sostenible y ética.