El partido político sin representación reclama una reforma profunda del sistema urbanístico y más transparencia en la gestión municipal
Verdes de Europa–Tarifa ha defendido la necesidad de acometer una transformación profunda del modelo del denominado «agente urbanizador» como vía para resolver los problemas urbanísticos que arrastra el municipio. La formación realiza esta valoración tras la reciente reunión mantenida entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Asociación de Promotores Urbanísticos.
Según el colectivo ecologista, el sistema vigente en España concede a los promotores urbanísticos facultades y prioridades sobre la propiedad privada que no existen en la mayoría de los países europeos. Asimismo, advierte de que, mientras no exista un control efectivo sobre este modelo, continuará favoreciéndose la especulación urbanística en detrimento del interés general y de los derechos de los propietarios.
Desde Verdes de Europa–Tarifa también se cuestiona la política de interlocución del equipo de gobierno municipal. La formación sostiene que, si el alcalde asegura mantener reuniones con todos los sectores sociales, debe garantizar la igualdad de trato y evitar que determinados colectivos queden excluidos de los espacios de diálogo, mientras se prioriza el contacto con grupos de presión que pueden ofrecer supuestos beneficios económicos al Ayuntamiento.
La organización considera que la situación urbanística actual es consecuencia de años de decisiones desacertadas, intereses particulares y prácticas que se han consolidado en perjuicio del interés público. Entre los principales problemas señala la falta de transparencia, una participación ciudadana insuficiente o sesgada y la vulneración del derecho colectivo a disfrutar de un medio ambiente saludable.
Además, denuncia que el crecimiento urbanístico continúa impulsándose sin que se hayan resuelto previamente carencias básicas en infraestructuras, una situación que, a su juicio, resulta visible en distintos puntos del municipio.
Verdes de Europa–Tarifa pone como ejemplo el caso de Gran Parcela/Nova para ilustrar las particularidades del modelo español de agente urbanizador. Según explica, esta figura permite que un promotor impulse desarrollos urbanísticos incluso sin ser propietario de terrenos en el ámbito afectado, obligando a los propietarios a asumir costes de urbanización o enfrentarse a expropiaciones y pérdidas patrimoniales.
El colectivo recuerda que el control de estas actuaciones corresponde a los ayuntamientos y advierte de que, cuando las administraciones locales se alejan del interés general, se generan conflictos que terminan erosionando la confianza de la ciudadanía.
Asimismo, señala que la Comisión Europea ha venido analizando el funcionamiento de la figura del agente urbanizador en España, reclamando que estas actuaciones se sometan a criterios estrictos de competencia, transparencia y concurrencia pública para garantizar el respeto a los derechos de propiedad y a las libertades económicas reconocidas en el ámbito comunitario.
La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, recordó que «lo ocurrido en materia urbanística durante las últimas décadas demuestra que los principios del Convenio de Aarhus de 1998 no se han aplicado plenamente». Dicho convenio reconoce el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y bienestar.
«Urbanismo y medio ambiente son inseparables. La planificación urbana determina el diseño de nuestras ciudades, la relación con nuestro entorno, la calidad de vida de los habitantes y la conservación de nuestros paisajes», añadió la portavoz.
Como propuestas para avanzar hacia un urbanismo más equilibrado, Verdes de Europa–Tarifa considera prioritario mejorar la comunicación institucional y organizativa dentro de la administración, superando conflictos de intereses que dificultan el trabajo conjunto y afectan tanto a los empleados públicos como a la ciudadanía.
La formación recuerda además que existen herramientas normativas para avanzar en esa dirección, entre ellas la Ordenanza Municipal aprobada en 2019 en aplicación de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior.
Finalmente, el grupo subraya que los representantes públicos deben actuar al servicio de la ciudadanía, recordando que son los vecinos quienes los eligen democráticamente y sostienen las instituciones mediante sus impuestos. «Gobernar significa servir a la ciudadanía, no favorecer intereses privados», concluye la organización.