El Consejo andaluz amplía tres meses el plazo para resolver la queja por la falta de información de la Diputación de Cádiz sobre el proyecto y la financiación de la remodelación.

Verdes de Europa-Tarifa denuncia una nueva demora en el acceso a la información sobre las obras de rehabilitación del Mirador del Miramar. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha ampliado tres meses el plazo para resolver la reclamación presentada por la formación ante la falta de respuesta de la Diputación de Cádiz. La nueva fecha prevista para resolver el expediente es el 25 de febrero de 2027.
La reclamación tiene su origen en una solicitud registrada el 8 de marzo de 2025, en la que el grupo político pedía conocer la procedencia exacta de los fondos destinados a la actuación, anunciada con una subvención de 216.472 euros, así como acceder al proyecto y a la documentación económica y ambiental de las obras.
Verdes de Europa-Tarifa considera que esta nueva ampliación prolonga innecesariamente la falta de explicaciones sobre una intervención urbanística que ha suscitado numerosas críticas ciudadanas por la transformación de uno de los espacios más emblemáticos de Tarifa y la pérdida de buena parte de su identidad y tipismo tradicional.
La formación relaciona esta demora con la sobrecarga de trabajo y la falta de personal reconocidas por el propio Consejo. Según el balance de actividad de 2025, publicado el pasado 15 de octubre, los asuntos registrados por este organismo pasaron de 1.482 en 2021 a 3.204 en 2025. De estos últimos, 2.235 fueron reclamaciones de acceso a información pública, de las que casi el 79 % se resolvieron favorablemente a la ciudadanía.
La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, denuncia que la falta de respuesta de las administraciones termina trasladando el problema al organismo encargado de garantizar la transparencia. “Cuando las administraciones no dan respuestas suficientes, obligan a reclamar y trasladan al Consejo un trabajo que podría haberse evitado. Si el órgano de control tampoco dispone de medios, la ciudadanía vuelve a pagar las consecuencias”, señala.
Verdes de Europa-Tarifa reclama que el Consejo resuelva el expediente sin agotar innecesariamente la ampliación del plazo y aclare qué documentación sobre el Miramar continúa pendiente. “La población tiene derecho a saber qué ocurre con Miramar y con el dinero público”, concluye Hennecke.
La formación considera que, más allá de los retrasos administrativos, sigue sin garantizarse el derecho de los tarifeños a conocer los detalles de una intervención que ha cambiado sustancialmente la imagen de un espacio ligado a la memoria y a la identidad del municipio.

