El grupo político sostiene que el proyecto debe revisarse conforme a la Directiva (UE) 2024/3019 y reclama mayor participación ciudadana en una infraestructura que estará concluida en un año.
Las autoridades municipales, junto a la presidenta de la Diputación y técnicos visitando el vertido en la playa de Atlanterra que el emisario submarino pretende evitar/TAD
El anuncio realizado esta semana por el diputado provincial de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, de que la redacción del proyecto del nuevo emisario submarino de la depuradora de Atlanterra podrá estar finalizado en el plazo de un año ha reabierto el debate sobre el modelo de depuración previsto para este enclave del litoral tarifeño.
Verdes de Europa-Tarifa considera que el avance del proyecto supone “el reconocimiento, por parte de las administraciones, de que las infraestructuras actuales presentan importantes deficiencias”, aunque advierte de que el diseño definitivo deberá adaptarse a las exigencias de la nueva Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, aprobada por las instituciones europeas y pendiente aún de su transposición al ordenamiento jurídico español.
La formación recuerda que esta nueva normativa comunitaria establece un modelo de gestión más exigente, orientado a reducir la contaminación en origen, proteger las masas de agua receptoras, impulsar la reutilización del agua depurada cuando sea técnicamente viable y reforzar la transparencia en la gestión ambiental.
Su portavoz, Rosmarie Hennecke, lamenta que “decisiones de gran trascendencia ambiental para el municipio continúen desarrollándose sin un verdadero proceso de información y participación ciudadana” que permita a vecinos, colectivos sociales, pescadores, científicos y organizaciones ecologistas conocer el contenido del proyecto antes de que las decisiones queden prácticamente cerradas.
En este sentido, sostiene que el futuro emisario submarino debe evaluarse conforme a los objetivos fijados por la nueva directiva europea y recuerda que, aunque aún no haya sido incorporada al Derecho español, “marca la orientación que deben seguir los Estados miembros”, por lo que, a su juicio, “la Administración andaluza no puede ignorar su contenido”, aludiendo a la doctrina consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la obligación de tener en cuenta las directivas en fase de aplicación.
Antecedentes
Verdes de Europa recuerda igualmente que ya en julio y octubre de 2024 advirtió públicamente de que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Atlanterra había sido diseñada para una carga muy inferior a la actual, circunstancia que, según sostiene, favorecía episodios recurrentes de vertidos y evidenciaba la necesidad de implantar tratamientos de depuración más avanzados.
El grupo mantiene que la construcción del emisario submarino, por sí sola, no resolverá el origen del problema si no va acompañada de una mejora sustancial del tratamiento de las aguas antes de su vertido. “La Directiva europea permite la existencia de conducciones submarinas, pero no autoriza simplemente a trasladar la contaminación mar adentro; las aguas deben recibir un tratamiento adecuado antes de su evacuación”, defienden.
Recuerdo de las denuncias
La formación también recuerda que en abril de 2025 coincidieron dos iniciativas dirigidas a denunciar la situación ambiental de Atlanterra. Por un lado, AGADEN-Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por los vertidos detectados en la playa, procedimiento que posteriormente dio lugar a la apertura de diligencias penales. Paralelamente, Verdes de Europa-Tarifa trasladó a la Comisión Europea una denuncia relacionada tanto con el proyecto del emisario de Atlanterra como con el previsto para Tarifa, solicitando que ambas actuaciones fueran analizadas desde la perspectiva del cumplimiento de la normativa comunitaria.
Transparencia y participación
La organización insiste en que la participación pública no debe limitarse al cumplimiento de un trámite administrativo, sino convertirse en una herramienta efectiva que permita incorporar el conocimiento científico, la experiencia de los usuarios del litoral y las aportaciones de entidades ambientales antes de adoptar decisiones que condicionarán el futuro de la costa tarifeña durante las próximas décadas.
Asimismo, recuerda que estos principios están recogidos tanto en el Convenio de Aarhus como en la legislación ambiental de la Unión Europea, que garantizan el acceso a la información ambiental y el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones con incidencia sobre el medio ambiente.
Desde Verdes de Europa concluyen que el futuro del litoral de Tarifa “no puede decidirse únicamente mediante soluciones de ingeniería”, sino que debe sustentarse “en la transparencia, la participación ciudadana, el rigor científico y el pleno respeto al Derecho ambiental europeo”, con el objetivo de garantizar la conservación del patrimonio natural y la protección del interés general.