El sindicato USTEA en Cádiz ha anunciado su respaldo a las denuncias realizadas por la plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende sobre la retirada de amianto en una parcela colindante con centros educativos de Tarifa, y ha advertido de la existencia de infraestructuras “contaminantes y peligrosas” junto al IES Almadraba.
En un comunicado público, el sindicato felicita a la plataforma por su “defensa continuada de un modelo de ciudad” que sitúa el bienestar de la comunidad educativa como eje prioritario. Según USTEA, durante la pasada semana se denunció la retirada de amianto en las inmediaciones del instituto sin seguir —a su juicio— las recomendaciones oportunas para la manipulación de un material cancerígeno y volátil, especialmente sensible en espacios cercanos a centros escolares.
El sindicato recuerda que la plataforma ya se había posicionado desde sus inicios contra el proyecto urbanístico previsto en la parcela afectada, conocido como “Gran Parcela”, que contemplaba la supresión de los dos institutos y del colegio Nuestra Señora de la Luz para su sustitución por viviendas y hoteles turísticos. Asimismo, destaca el apoyo del colectivo ciudadano a otras iniciativas relacionadas con la juventud, como la recuperación del parque del paseo marítimo, la mejora de instalaciones deportivas o su oposición a la instalación de casas de apuestas en la localidad.
USTEA subraya que, como organización especialmente sensible a los asuntos que afectan a la salud laboral y educativa, ya denunció en su día el encapsulamiento de pilares con amianto en el CEIP Guzmán el Bueno, así como la presencia de este material en bidones en desuso situados en el techo de la Residencia Escolar, hechos que fueron trasladados a la Inspección de Trabajo. El sindicato insiste en que los centros educativos y su entorno deben ser espacios seguros y libres de amianto.
En este contexto, la organización sindical señala que el amianto existente en el municipio debería estar censado por el Ayuntamiento de Tarifa, recordando que desde 2023 todas las administraciones públicas debían contar con un inventario de instalaciones y emplazamientos con fibrocemento y suelos contaminados, en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. A su juicio, la retirada de amianto debería publicitarse oficialmente para evitar alarmas innecesarias y garantizar que se cumple el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en trabajos con riesgo de exposición a este material.
USTEA cita expresamente el artículo 11 de dicho decreto, que obliga a eliminar el amianto o los materiales que lo contengan antes de aplicar técnicas de demolición. Según el sindicato, este extremo no se habría respetado, al haberse ejecutado la demolición y la retirada de amianto de forma simultánea. También recuerda que la normativa exige adoptar medidas para evitar la exposición de terceras personas en el entorno de los trabajos, lo que, a su entender, implicaría informar a los centros educativos para limitar actividades al aire libre durante los días de intervención.
Por todo ello, el sindicato exige que la retirada de uralita en centros educativos y en sus inmediaciones se programe fuera del calendario lectivo, preferiblemente en periodos no lectivos como verano, Navidad o Semana Santa, con el objetivo de evitar cualquier posible exposición del alumnado, personal docente y personal de administración y servicios.
Con esta nueva intervención, USTEA se suma al debate abierto en el municipio sobre la gestión del amianto y respalda las movilizaciones que puedan convocarse para reclamar el cumplimiento estricto de la normativa y la protección de la salud de la comunidad educativa.