Sostengo desde hace tiempo una idea que a muchos incomoda: el Partido Popular ha cruzado una frontera ideológica que lo sitúa en la ultraderecha. No por accidente, no por cálculo coyuntural, sino por convicción. Su aceptación disciplinada de las exigencias xenófobas y de desprotección social impuestas por Vox para poder gobernar en distintas comunidades autónomas no es una concesión forzada: es una oportunidad aprovechada. Es el trampolín perfecto para aplicar políticas que siempre pensaron, pero que hasta ahora no se atrevían a ejecutar por pudor o por cálculo electoral.
Lo preocupante no es solo el pacto, sino la naturalidad con la que se asume. Conceptos que antes llegaban desde los márgenes —la xenofobia, el señalamiento del diferente, el debilitamiento deliberado del Estado social— hoy se institucionalizan desde el poder. Y con ello se intenta convencer a la sociedad de que las urgencias ya no obedecen a criterios sanitarios o sociales, sino a criterios identitarios: quién eres, de dónde vienes, qué rezas.
En paralelo, se alimenta un caldo de cultivo cultural profundamente regresivo. Un pueblo como el español, históricamente forjado en la emigración y la mezcla, es ahora aleccionado para desconfiar del vecino. Se desplaza el foco: el culpable de la precariedad deja de ser quien no responde a las demandas sociales para convertirse en el inmigrante, en el diferente, en el más débil. Todo ello amplificado por discursos y mentiras cuidadosamente propagados en redes sociales.
Mientras tanto, el espejismo sigue funcionando. El pobre continúa creyendo que su salida está en la épica del torero, en la excepcionalidad, en el golpe de suerte, en lugar de comprender que es la educación y el esfuerzo lo que verdaderamente emancipa. Y así, generaciones enteras, moldeadas por inercias culturales de hace casi un siglo, siguen atrapadas en relatos que favorecen exactamente a quienes les niegan las herramientas para salir de su situación.
Las consecuencias prácticas de esta deriva son tan cotidianas como invisibles. Cuando la mujer que cuida a nuestros mayores —esa trabajadora migrante en economía sumergida— no pueda acudir a su empleo porque está enferma y no tiene derecho a ser atendida, la señalaremos a ella. Cuando el camarero ecuatoriano se desmaye de dolor en su puesto de trabajo y no tenga acceso a la sanidad, también será su culpa. Siempre la culpa del último eslabón.
Resulta especialmente doloroso observar cómo, en muchos casos, quienes sufren estas discriminaciones terminan legitimándolas. Inmigrantes que aplauden a quienes no los quieren. Jornaleros que llenan los remolques de los señoritos que los mantienen en una esclavitud encubierta. Camareros que sirven cafés a dirigentes que no los querrían sentados a su mesa. Obreros que, tras décadas de trabajo, son desatendidos por la sanidad pública mientras pagan seguros privados que no les cubren nada. Inquilinos aterrorizados por el fantasma de la ocupación mientras saben que jamás podrán acceder a una vivienda en propiedad.
Todo ello ocurre en una sociedad cada vez más individualista, preocupada únicamente por sus problemas inmediatos, incapaz de comprender que muchos de esos problemas son consecuencia directa de los problemas que padecen otros. Se rompe así el principio básico de convivencia: entender que el bienestar colectivo es la mejor garantía del bienestar individual. Y en ese deterioro silencioso del contrato social, avanzan sin resistencia las políticas de desprotección.
Tristes guerras. Tristes armas. Tristes hombres. Tristes, tristes.