La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende (TNSV) ha vuelto a reclamar explicaciones al Ayuntamiento de Tarifa por el vallado de la parcela situada en la zona de Cardenal Cisneros, junto al barrio Don Juan de Austria, que ha interrumpido un paso peatonal utilizado “de forma pública y natural durante más de medio siglo” como acceso hacia el paseo marítimo y la playa norte de Los Lances.
Tras la enajenación en 2025 del terreno —una parcela de 670 metros cuadrados perteneciente al Ministerio de Defensa y adjudicada en subasta pública—, el cerramiento ejecutado por la nueva propiedad ha generado una creciente inquietud vecinal. Ahora, la plataforma ha remitido una nueva nota de prensa en la que apela directamente a la “transparencia municipal” y a la labor de tutela del Consistorio para garantizar que cualquier actuación privada respete “escrupulosamente la normativa urbanística y los derechos de movilidad de los residentes”.
La preocupación de TNSV se produce después de que el Ayuntamiento haya notificado la admisión a trámite de su solicitud de información al amparo de la Ley de Transparencia (Expediente 2026/554 G), estableciendo un plazo máximo de un mes para ofrecer una respuesta. Aunque la plataforma valora la apertura formal del procedimiento administrativo, considera imprescindible que se lleve a cabo una inspección urbanística técnica que verifique la adecuación del vallado a la legalidad vigente.
Según los datos trasladados por el colectivo al Consistorio, existirían indicios de que el cerramiento podría estar invadiendo el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y sus zonas de servidumbre, además de haberse producido el desplazamiento de mobiliario urbano municipal para posibilitar su instalación. De confirmarse estos extremos, advierten, podrían haberse consolidado actuaciones contrarias al interés general.
La plataforma solicita, en este sentido, que se facilite copia de la licencia o título habilitante para la instalación del vallado y que se aclare expresamente si existe derecho de paso —ya sea legalmente reconocido o consolidado por uso continuado— entre la parcela y el paseo marítimo. El objetivo, subrayan, es “colaborar con las instituciones para evitar la consolidación de posibles infracciones” y asegurar que el desarrollo urbano de Tarifa no se realice “a costa de los espacios de convivencia”.
Desde TNSV recuerdan que, aunque la normativa contempla la figura del silencio administrativo negativo, confían en que la resolución municipal priorice el interés general y permita restituir la normalidad peatonal en un enclave especialmente sensible para la vida cotidiana del barrio. Mientras tanto, el malestar vecinal persiste en una zona donde el acceso al litoral ha formado parte de la memoria urbana y del día a día de generaciones de residentes.