Que un exsecretario general del Ayuntamiento de Tarifa, perteneciente al cuerpo de habilitados nacionales, haya dicho en Facebook, sobre lo ocurrido con el intento de quemar a un funcionario, que “se ha creado caldos de cultivo contra la legalidad y el funcionariado honrado” no deja de ser, a la vez, sorprendente y digno de análisis.
Entendemos que esta persona, que se marchó precisamente cuando el PP accedió al gobierno de la mano de su socio Nuevos Aires Tarifa, tiene datos y pruebas que le permiten hacer este tipo de declaraciones; evidentemente, su cargo de secretario general del Ayuntamiento así se lo permitiría. Pero el conjunto de la ciudadanía ha escuchado demasiadas veces, durante estos tres años, incluso llamar al funcionariado “cáncer”, achacarle todos los problemas y, sobre todo, atacarlo por parte del portavoz de NAT cuando algunos de sus planes chocaban de frente con los criterios técnicos del personal municipal.
Por lo tanto, además de las medidas de precaución que se deben tomar para que no vuelva a ocurrir un hecho de estas características que pueda desembocar en una tragedia —como, por ejemplo, mantener presencia de la Policía Local en el Ayuntamiento durante las horas de apertura—, no cabe duda de que la Junta de Portavoces que el alcalde ha convocado para hoy lunes (aunque no se entiende por qué se demoró esta convocatoria ante una cuestión tan urgente) debería tratar el asunto en profundidad y aclarar, si fuese necesario mediante la creación de una comisión de investigación, quiénes han fomentado ese caldo de cultivo y cómo lo han hecho, porque las responsabilidades no solamente pueden ser políticas, sino también de otro tipo.
La imagen utilizada por el PP del portavoz socialista junto a Zapatero fue una acción más propia de quienes siembran odio. Pero ahora ellos deberán explicar por qué han permitido durante tres años los ataques sistemáticos de su socio de gobierno al personal municipal. Eso sí que es una foto —o, más bien, una película— comprometida.
Mi apoyo incondicional a Manuel Herrera, funcionario honrado que trabaja para el interés general. Eso significa enfrentarse a las ilegalidades que cometen los ciudadanos y que determinados políticos y funcionarios corruptos dejan pasar.