Hay decisiones que, aun siendo perfectamente legales, resultan difíciles de entender. Y esta es una de ellas. Mucho más, cuando vivimos en una sociedad diversa, en la que hay creyentes 8de numerosas y diversas confesiones), agnósticos y ateos, y en la que las administraciones públicas son, por definición, aconfesionales.
Que una institución pública destine dinero de todos a la conservación de un bien de indudable interés histórico, artístico y cultural puede ser perfectamente defendible, con independencia de que ese bien tenga además un carácter religioso. Que ese mismo dinero se destine a adquirir un elemento nuevo para una hermandad plantea, cuando menos, muchas más preguntas.
La Diputación Provincial de Cádiz ha concedido 11.374 euros para la restauración del Santísimo Cristo del Consuelo y 13.668,11 euros para la adquisición de nuevos varales del paso de palio de María Santísima de la Paz. Y ahí está la diferencia.
El Cristo del Consuelo no necesita una restauración porque a alguien se le haya ocurrido que estaría bien tener un Cristo más nuevo, más brillante o diferente. Necesita ser restaurado porque su estado de conservación lo requiere hasta el punto de que su deterioro ha impedido incluso su salida procesional. Estamos hablando, además, de una talla manierista localizada en el primer tercio del siglo XVI y considerada una de las piezas de mayor interés patrimonial de la Semana Santa tarifeña, con una relevancia que trasciende ampliamente el ámbito local.
Su restauración, por tanto, no debería contemplarse únicamente desde la perspectiva de una hermandad o de una confesión religiosa. Hay una dimensión histórica, artística y cultural que justifica que las administraciones puedan intervenir en su conservación, como ocurre con tantos otros bienes vinculados a instituciones religiosas que forman parte del patrimonio colectivo.
Otra cosa muy distinta son los nuevos varales. Según la propia información de la subvención, los 13.668,11 euros concedidos a la Hermandad del Nazareno no se destinan a restaurar los varales existentes, sino a adquirir unos nuevos. Y el paso de palio ya dispone de varales.
Aquí es donde cuesta entender el criterio, porque una hermandad puede, naturalmente, decidir qué quiere cambiar sus varales. Puede querer unos nuevos porque los actuales ya no responden a sus necesidades, porque prefiere otro diseño o porque considera que los nuevos contribuirán a mejorar su paso. Es una decisión perfectamente legítima dentro de la autonomía de la propia hermandad.
Pero una cosa es que una hermandad quiera adquirir un nuevo elemento para su patrimonio y otra que esa adquisición se pague con dinero público. Y esta diferencia no es menor. Porque si aceptamos que la administración debe financiar la adquisición de nuevo patrimonio cofrade, habrá que explicar entonces dónde está el límite. ¿También nuevas candelerías? ¿Nuevas peanas? ¿Nuevos techos de palio? ¿Nuevos respiraderos? ¿Nuevos enseres? ¿El acompañamiento musical? ¿El exorno floral? La lista puede ser interminable.
Y si hay dinero público para adquirir nuevos elementos cuando los existentes todavía cumplen su función, resulta inevitable que otras hermandades se pregunten por qué ellas no pueden acceder al mismo criterio. Y ahí aparece el agravio comparativo.
No es una cuestión contra el Nazareno. Ni contra sus hermanos. Ni contra los varales (ojo en esto, sobre todo para los o las que tienen la piel especialmente fina). Es una cuestión de criterio. De hecho, sería perfectamente comprensible que la Hermandad del Nazareno hubiera planteado la ayuda para intervenir sobre alguno de los bienes que realmente necesitan conservación. Por ejemplo, ese precioso manto de la Virgen de la Paz cuyo estado, según se viene señalando, requiere atención. Eso sí encajaría de manera mucho más clara en la idea de conservar y recuperar patrimonio.
Porque mientras se destinan más de 13.000 euros a comprar varales nuevos, otras hermandades tarifeñas llevan años recurriendo a sus propios fondos, a sus cuotas, a sus actividades y a la colaboración de sus hermanos y vecinos para restaurar y mantener su patrimonio. La Borriquita, por ejemplo, espera poder afrontar la adquisición de un nuevo grupo escultórico. Otras corporaciones han acometido restauraciones mediante financiación propia o mediante cuestaciones populares. Y es lógico que se pregunten si a partir de ahora las reglas han cambiado.
También conviene recordar algo que a veces se olvida en este debate: buena parte de los ciudadanos que contribuyen a financiar las administraciones públicas no profesan ninguna religión. Pagan sus impuestos exactamente igual. Por eso, cuando se utiliza dinero público para una actuación vinculada a una confesión religiosa, el criterio debería ser especialmente claro, objetivo y transparente.
No hace falta entrar en comparaciones religiosas para entenderlo. Basta imaginar cómo reaccionaría una parte de la sociedad si una administración anunciara una ayuda pública para restaurar un bien religioso de otra confesión diferente a la cristiana. Probablemente habría un debate intenso. Y si, además, después de restaurarlo se concediera dinero público a esa comunidad para sustituirlo simplemente porque prefiere adquirir otro nuevo, las preguntas serían todavía mayores.
El problema, por tanto, no es que el destinatario sea una hermandad. El problema es, qué se está financiando.
Restaurar y conservar una pieza histórica es una cosa. Comprar una pieza nueva porque una cofradía considera conveniente sustituir la que ya tiene es otra.
Y si la Diputación quiere establecer una línea de ayudas para el patrimonio cofrade, bienvenida sea, pero debería hacerlo con criterios públicos, objetivos, transparentes y aplicables por igual a todas las hermandades. Criterios que prioricen la conservación, la restauración y la protección de bienes con verdadero interés histórico, artístico o cultural. Y que permitan conocer con claridad por qué se concede cada euro y a qué se destina.
Porque el dinero de la Diputación no es de las hermandades. Tampoco es de los creyentes. Es de todos. De los que van detrás de un paso y de los que no han entrado jamás en una iglesia. De los que rezan y de los que no creen. De quienes pagan una cuota de hermano y de quienes jamás han pertenecido a una cofradía. Y todos tienen derecho a exigir que ese dinero se utilice con criterios razonables y sin agravios comparativos.
La restauración del Cristo del Consuelo me parece una actuación defendible precisamente por eso: porque conservar una talla del siglo XVI trasciende a la propia hermandad que la custodia. Forma parte de la historia artística y cultural de Tarifa y su deterioro hace necesaria una intervención. Los nuevos varales, en cambio, pertenecen a otro terreno. Si una hermandad quiere unos varales nuevos, está en su perfecto derecho de comprarlos. Pero quizá lo razonable sea que los pague la propia hermandad, como tantas otras hacen cuando quieren incorporar nuevo patrimonio.
Porque si empezamos a pagar con dinero público aquello que una cofradía o hermandad quiere tener nuevo, la pregunta siguiente será inevitable: ¿Por qué ellos sí y los demás no?
Amén