La formación política sin representación municipal, Verdes de Europa-Tarifa ha lanzado una dura crítica contra la gestión medioambiental llevada a cabo en el espacio protegido Red Natura 2000 en Barbate, donde se han talado más de 700 árboles en apenas unos meses, incluso durante periodos de reproducción de aves. La formación denuncia que esta actuación se ha realizado al margen de la legalidad, vulnerando normativas europeas, españolas y principios fundamentales de la función pública.
Los ecologistas afirman que “la situación refleja un caso grave de corrupción ambiental alimentada por la opacidad, la falta de transparencia y la ausencia de mecanismos de control”. Aseguran que ni el Ayuntamiento de Barbate ni la Delegación de Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente han respondido adecuadamente a las solicitudes de información, contraviniendo el Convenio de Aarhus, que obliga a contestar en un máximo de 15 días hábiles. En este caso, la Delegación tardó 53 días hábiles, lo que consideran un “desprecio a la ley y a la ciudadanía”.
Además, critican duramente que las actuaciones en el entorno natural no se ajusten a la normativa de la Red Natura 2000, que prohíbe intervenciones como las realizadas sin una evaluación adecuada del impacto ambiental. Según su portavoz, Rosmarie Hennecke, existe un abuso de poder por parte de las autoridades y un intento deliberado de tergiversar la legislación vigente.
“Es indignante que se nos quiera hacer creer que este ‘proyecto’ no tiene consecuencias ambientales cuando se trata de una tala masiva visible incluso desde el espacio”, declaró Hennecke. Añadió que la ciudadanía, aunque no tenga conocimientos técnicos o legales, demuestra mayor sensibilidad ambiental que los propios responsables públicos.
Verdes de Europa-Tarifa exige la paralización inmediata del proyecto y recuerda que la actuación vulnera el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, así como los artículos 45 y 103 de la Constitución española, además de diversas directivas ambientales. Denuncian que la Administración está incumpliendo su deber de actuar con objetividad y respeto a la legalidad, lo que pone en peligro tanto el ecosistema como el Estado de Derecho.
Que sinvergüenzas!!! Lo que necesitamos es naturaleza para el cambio climático y ➖️ urbanismo