El grupo ecologista acusa al Ayuntamiento de Tarifa de extralimitar sus competencias y advierte de los riesgos ambientales y jurídicos del proyecto, cuya competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.
El grupo político Los Verdes de Europa–Tarifa ha calificado de “desviación de poder” el decreto del alcalde que permite la admisión a trámite del proyecto para la instalación de un parque de almacenamiento energético en el municipio. Según el colectivo, la actuación es “incompetente y carente de base legal”, ya que el proyecto debería tramitarse ante el Ministerio para la Transición Ecológica, al tratarse de una infraestructura de competencia estatal.
El grupo ecologista, que actúa fuera del Ayuntamiento y está integrado por voluntarios, sostiene que el consistorio “pretende convertir las tierras de Tarifa en zonas industriales contaminantes y en un urbanismo descontrolado”, ignorando —dicen— la falta de infraestructuras esenciales como agua potable y saneamiento, elementos que consideran la base del verdadero “interés público”.
Los Verdes recuerdan que desde mayo de 2025 se encuentra en trámite ante el Ministerio una solicitud de revisión de oficio de los actos que consideran nulos de pleno derecho, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta. Mientras tanto, alertan del “grave riesgo” que suponen proyectos de almacenamiento basados en baterías de iones de litio, cuya vida útil —afirman— no supera los 10 o 15 años, y cuyo impacto ambiental incluye “el consumo excesivo de agua y la destrucción de ecosistemas frágiles”.
“Tarifa no puede soportar más consumo ni experimentos tecnológicos después del llamado ‘gran apagón’”, señala la portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, quien considera “irresponsable poner en riesgo la salud humana, animal y ambiental sin una planificación real que atienda las necesidades del municipio”. La representante verde lamenta además la “ausencia de beneficios económicos claros” y la “falta de transparencia” sobre la financiación y solvencia de los promotores.
El colectivo recuerda que Tarifa sigue rigiéndose por un PGOU de 1990, cuya publicación oficial se produjo doce años más tarde, lo que genera inseguridad jurídica sobre numerosas actuaciones urbanísticas. Asimismo, denuncian la ausencia de planos oficiales y de un estudio de impacto ambiental, tal como exigen la legislación estatal y la Directiva 2001/42/CE sobre evaluación ambiental de planes y programas.
Los Verdes critican también la acumulación de proyectos renovables —eólicos, solares y tendidos eléctricos— sin planificación ni medidas de reciclaje, con efectos negativos sobre el paisaje y la biodiversidad. “De cada diez aerogeneradores, tres o cuatro pierden aceite, y algunos incluso han provocado incendios por falta de mantenimiento, como el reciente caso en Facinas”, advierten.
El grupo concluye su comunicado agradeciendo la implicación de los ciudadanos y colectivos que “defienden el interés público en su tiempo libre, mientras quienes viven de nuestros impuestos miran hacia otro lado”.